Para disfrutar los contenidos de Clarín es necesario que actives JavaScript en tu navegador.
La reforma a la Ley de Glaciares sancionada en 2010, que la Cámara de Diputados puede transformar en ley, busca remover posibles trabas a la explotación minera de montaña en zonas de periglaciar (aguas congeladas) delegando el análisis y el veredicto técnico sobre la cuestión a las provincias (titulares del dominio originario de los recursos naturales).
La cuestión se podría haber zanjado tiempo atrás respetando el diagnóstico y la recomendación de los especialistas que aconsejaban un decreto reglamentario de los artículos 1 y 6 de la ley, fijando parámetros técnicos de protección del aporte de agua dulce congelada en el suelo compatibles con la posibilidad de llevar adelante una explotación minera sustentable.
Pero la Argentina productiva todavía atraviesa la influencia obsesiva de las “o” disyuntivas cuando tiene el desafío de inaugurar la etapa de las “y” conjuntivas. La disyuntiva no es “minería o desarrollo”, el desafío por delante es “minería y desarrollo”.
Ya lo planteábamos en un libro escrito en 2015: “En el siglo XIX la disyuntiva argentina era ‘libre cambio o proteccionismo’; en el siglo XX fue ‘campo o industria’. En el siglo XXI nuestra tradición dicotómica y maniquea, a la vez de retroalimentar las viejas disyuntivas, ha generado otras nuevas como ‘fracking sí o fracking no’; ‘minería sí o minería no’. Las ‘o’ disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social.
Así como en lo político viene una etapa superadora de la lógica binaria ‘amigo-enemigo’, en lo económico y social el nuevo modelo productivo deberá articular cadenas de negocios que promuevan la creación de empleos formales y maximicen el valor agregado nacional exportable.
Articulando sectores primarios, industriales y de servicios, recreando las bases de un mercado regional, y consolidando los cimientos de un desarrollo sustentable” (Minería y Desarrollo: el potencial minero argentino). Argumentábamos entonces que no es concebible un mundo sin minería (reducción al absurdo de un ecologismo cuasi religioso), que la minería a “cielo abierto” domina el desarrollo minero en el mundo (alrededor del 60% del total mundial, y el 85% de la minería del cobre), que la producción minera es clave en el proceso de transición energética como insumo de las energías renovables, y que no es cierto que la minería caracterizada como actividad de alta contaminación haya sido desplazada por los “países centrales” hacia los países de la “periferia”.
Estados Unidos, Australia y Canadá figuran entre los cinco mayores productores y exportadores mundiales de casi todas las sustancias minerales comunes, desde cobre, plata, uranio, níquel, oro y hierro, hasta bauxita, aluminio, azufre y carbón. Entre ellos, el método de producción que predomina es la explotación a cielo abierto.
Finlandia y Suecia están entre los 10 primeros países en el mundo en inversión minera. En la región, Chile y Perú cuentan con una explotación minera intensiva, que es eje de sus estructuras productivas, y que genera exportaciones por miles de millones de dólares. De lo que se trataba antes, y de lo que se trata ahora es de maximizar el desarrollo minero argentino en un proceso de desarrollo respetuoso de las mejores prácticas ambientales y que cuente con la debida licencia social. La buena nueva es que estamos a las puertas de lograrlo. La votación en las Cámaras de la reforma de la Ley de glaciares empieza a augurar la consolidación de acuerdos básicos entre Nación y Provincias, oficialismo y oposición, consensos que puede llegar a traducir una política de Estado como señal de largo plazo a los inversores.
Por primera vez en décadas empiezan a ingresar dólares por la cuenta capital para financiar inversiones privadas, donde la energía y la minería se destacan. En el RIGI ya se aprobaron proyectos que suman inversiones por USD25.000 millones, principalmente en petróleo y gas.
La modificación de la Ley de glaciares puede destrabar inversiones en minería por USD37.000 millones en el marco del RIGI. Las provincias de San Juan y Catamarca pueden llegar a revolucionar sus economías como Vaca Muerta lo está haciendo en las Provincias de Neuquén y Río Negro. Pero en el listado siguen Salta, Mendoza, Santa Cruz, Jujuy y otras provincias como Chubut, con la posibilidad de desarrollar uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo (Navidad).
El Grupo Sarmiento, think tank del pensamiento minero argentino con base en San Juan, estima que el desarrollo de los principales proyectos del sector (Pachón, Taca Taca, Agua Rica, Josemaría, Los Azules, Altar, Filo del Sol y San Jorge) compromete una inversión de unos 17.500 millones de dólares por año, y que las exportaciones mineras podrían crecer de los 4.000 millones de dólares actuales a unos 30.000 millones en la próxima década.
Se sabe que la minería es una industria capital intensiva, pero se subestima su impacto en la infraestructura cuando se pasa de la etapa de exploración a la de producción. Regiones remotas quedan vertebradas por nuevos caminos, redes eléctricas, logística portuaria e infraestructura ferroviaria. En sinergia con la energía, la minería argentina está a las puertas de un desarrollo expansivo que también va a generar procesos de capitalización intermedios con trabajo formal y calificado.
Con la locomotora agroindustrial aumentando velocidad, con la locomotora energética ya en marcha, y ahora con la minera, la Argentina empieza a virar a un modelo de valor agregado exportable al que se sumarán nuevos encadenamientos productivos, incluyendo relocalizaciones industriales del mundo desarrollado que empiezan a padecer los coletazos de la transformación de un orden mundial donde la preeminencia de la geopolítica valoriza el friend-shoring y el near-shoring (suministro confiable y de zonas próximas) con la consiguiente rearticulación de las cadenas globales de valor.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
