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Luego del suicidio del soldado Rodrígo Gómez (21), quien fue víctima de una estafa extorsiva realizada desde el interior de la cárcel de Magdalena, un diputado provincial presentó un proyecto de ley para prohibir a los presos tener celulares en los penales bonaerenses, un universo que se estima en mas de 50.000 líneas activas.
El proyecto es impulsado por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, quien cuenta con el apoyo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Ella es quien investiga el caso de Gómez, quien se mató la madrugada del 16 de diciembre de un disparo en la cabeza en su puesto de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.
La "Ley Rodrigo", como la bautizó Liberman en homenaje al soldado, busca dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” (Resolución N° 47688/20) que se había instalado durante la pandemia del COVID-19 para que los presos puedan mantener vínculos con su familia.
Apunta además a modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 (Ley de Ejecución Penal Bonaerense) para que la comunicación telefónica de los internos se realice exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.
Desde la pandemia, los presos están habilitados a tener celulares aunque cada línea debe ser identificada y registrada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Según contó Clarín hace unos días, los presos alojados en cárceles del SPB tienen 48.693 dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente, aunque se estima que el número es mayor si se suman los teléfonos que les entran de contrabando por un familiar o por los propios guardacárceles.
Según registros oficiales del Ministerio de Justicia bonaerense, en 2025 se incautaron 1.525 celulares ilegales: 1.366 de ellos se encontraron en requisas de rutina y otros 159 fueron secuestrados por orden de la Justicia.
El proyecto de Liberman plantea que el tiempo de comunicación por interno quede limitado a un máximo de dos horas diarias, y que en ningún caso los celulares queden podrán estar a su libre disposición.
Además, establece que cada unidad tiene la obligación de instalar y operar sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento y permanencia de los internos, con el objetivo de garantizar el control de la comunicación con el exterior de cada detenido.
“El Artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para el castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, expresa Liberman en los fundamentos del proyecto.
Arroyo Salgado colaboró con Liberman en la redacción del proyecto. “Lo analizamos, hicimos algunas observaciones y coincidimos en la necesidad urgente de poner un límite a esta situación”, afirmó la jueza federal, quien recientemente dictó la prisión preventiva para siete personas acusadas de formar parte de una organización criminal que operaba desde la cárcel.
La jueza también había realizado un pedido al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y al Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, para que limite el uso de celulares en las cárceles.
"Se verificó que la disponibilidad y el uso no controlado de dispositivos electrónicos en contextos de encierro ha facilitado la planificación, coordinación y ejecución de ilícitos de extrema gravedad", les señaló.
"No se puede entrar un día a los penales y dejar a 50.000 presos sin el celular con el que se comunican con sus familias. Es materialmente imposible. Nos prenden fuego todo. Un motín tras otro. La oportunidad era cuando terminó la pandemia, y se dejó pasar. Ahora es muy complicado", explicó a Clarín una fuente del gobierno bonaerense que sostiene que el uso de celulares -aunque claramente se usan para el delito- también ha bajado mucho los niveles de conflictividad intramuros.
Rodrigo, el soldado que se suicidó en Olivos, había sido engañado por una banda de presos que operaba desde la cárcel de Magdalena a través de teléfonos celulares. Haciéndose pasar por policías, lo convencieron de que la madre de una menor de edad lo estaba denunciando por acosar a su hija por una aplicación de citas. Aunque no era cierto, Gómez se sintió acorralado y, al no poder pagar las extorsiones, se suicidó.
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