El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le otorgó infraestructura energética de San Juan al proyecto de cobre Vicuña, operado por los gigantes mineros BHP y Lundin Mining, que construirá una línea en alta tensión, pero que también tendrá el control del corredor eléctrico del oeste de la provincia por 25 años. La decisión despertó críticas de otros actores del sector minero, del gobernador Marcelo Orrego y del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que afirman que es una decisión ilegal y que tendrá impacto en sus desarrollos.
Fuentes ligadas al proyecto sanjuanino de cobre Los Azules, operado por la canadiense McEwen Copper y con participación de la principal minera del mundo Río Tinto y la automotriz Stellantis, indicaron a EconoJournal que presentaron una oposición a la decisión del ente regulador nacional. Este medio también supo de fuentes del sector que en el proyecto de cobre El Pachón (operado por el gigante suizo Glencore) y el de oro Hualilán (a cargo de la australiana Challenger Gold) están trabajando en el mismo sentido, aunque no serían las únicos en plantear críticas.
Según entienden en el sector minero de San Juan, la decisión del ENRE pasa por alto al ente regulador provincial y deja en manos de Vicuña el control total de infraestructura eléctrica de alta tensión del nodo Nueva San Juan – Rodeo, donde también demandan energía otros proyectos. “El día de mañana, cualquier proyecto productivos de esta zona tendría que pedirle permiso y concretar acuerdos con Vicuña para el uso de la energía eléctrica”, indicó otra fuente consultada por EconoJournal.
El EPRE pidió la realización de una audiencia pública donde se debata esta infraestructura eléctrica y señaló en un comunicado que “el objetivo es asegurar que la integración de grandes proyectos industriales se realice mediante una planificación técnica rigurosa que no comprometa el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de la provincia”. “Otorgar prioridades de uso sobre capacidades de transporte preexistentes sin la intervención de la provincia, y sin los debidos estudios técnicos, compromete la seguridad del sistema”, afirmó.
El ENRE publicó el 20 de febrero en el Boletín Oficial la resolución 79. Allí le otorgó a Vicuña prioridad en el uso de infraestructura eléctrica del corredor minero del noroeste provincial, que abarca los departamentos de Iglesia y Calingasta, en la cordillera de los Andes. En concreto, la resolución le otorga a Vicuña “la prioridad de uso de la capacidad frente a terceros del 90% de la capacidad de transporte remanente (no uso residencial, por ejemplo) que, según los cálculos de Cammesa, alcanza al 71% de la capacidad total (854 MVA) de la línea Nueva San Juan-Rodeo, operando en 500 kV”.
BHP y Lundin tienen previsto realizar una obra de infraestructura eléctrica para abastecer al Distrito Vicuña, que integra a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y que, juntos, conforma el megaproyecto de cobre que tiene planificado invertir US$ 7.100 millones en San Juan. La construcción y el mantenimiento de la línea nueva estarán a cargo de Vicuña, que demandará 260 MW.
Allegados al proyecto Vicuña afirmaron a EconoJournal que la resolución del ENRE “no otorga control sobre la infraestructura eléctrica ni exclusividad sobre el sistema de transporte. El ENRE estableció la posibilidad de otorgar prioridad de uso frente a terceros sobre la capacidad incremental resultante de ampliaciones específicas”.
Además, señalaron que “la prioridad se vincula exclusivamente con obras de ampliación que serán ejecutadas y financiadas por el propio proyecto, y que se desarrollan sobre instalaciones del SADI”. “El sistema eléctrico argentino se rige por el principio de acceso abierto, lo que implica que cualquier proyecto que requiera energía puede presentar su solicitud de acceso a la capacidad de transporte y, en caso de ser necesario, proponer ampliaciones adicionales”, también sostuvieron.
Consultado por este medio, desde el ENRE indicaron que la resolución “cumple con la normativa” y que “habilita, a quien considere que la obra puede afectarlo o plantee una oposición, a que pueda realizar su presentación y se habilite el llamado a audiencia pública”. También indicaron que “este es un derecho que se asigna al que financia la repotenciación/construcción de una línea. Lo habilita la resolución 311 de 2025 de la Secretaria de Energía y el porcentaje de prioridad que se plantea, lo calculó Cammesa”.
En rigor, la resolución 79 del ENRE afirma que las obras que realizará Vicuña consisten en:
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