En enero, el Gobierno tuvo que suspender la baja de subsidios por la suba inesperada de los precios. Analistas creen que podría postergarla por un tiempo más. El efecto licuadora sobre el Presupuesto.
El Gobierno no tendría margen para postergar por mucho tiempo la suba de subsidios aunque la crisis de Irán genere más inflación.
La volatilidad en el precio del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a encender alertas sobre el frente inflacionario global y sus posibles efectos en la economía argentina. En ese contexto, el Gobierno podría enfrentar nuevas dificultades para sostener su plan de reducción de subsidios a la energía, una pieza clave del ajuste fiscal previsto para 2026 y del compromiso de alcanzar un superávit en las cuentas públicas.
En los hechos, el Gobierno ya se vio forzado en enero de este año a suspender la baja de subsidios energéticos, luego del salto inesperado de la inflación, que llegó al 2,9%. La aceleración de los precios encendió alarmas en el equipo económico, ya que el esquema de reducción del gasto en energía depende, en buena medida, de que la inflación continúe desacelerándose para evitar nuevos ajustes tarifarios de fuerte impacto social.
Este año los subsidios energéticos se tienen que ubicar en un nivel de medio punto del PBI. Son unos $4,56 billones en energía eléctrica, en moneda de diciembre, y otros $1,14 billones para el gas, según indica el Presupuesto 2026.
De ellos, en enero ya se gastaron $822.791 millones, informó el Ministerio de Economía hace un par de semanas. En el primer mes del año, las ayudas para compensar las facturas de los usuarios subieron 191% en términos reales respecto del mismo mes del año pasado.
Desde el 1 de enero regirá un nuevo esquema de subsidios para el consumo de energía eléctrica que dejará afuera a usuarios que se benefician con el sistema vigente.
Los analistas suponen que, ante un recrudecimiento de la suba de precios en el corto plazo, producto del salto en los precios del petróleo, podría verse afectado el plan del Gobierno para reducir gastos.
"El mercado energético global es extremadamente sensible a los eventos geopolíticos. Pero también tiende a encontrar rápidamente nuevos equilibrios cuando las condiciones se estabilizan", señaló Pedro Cascales, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Gas Licuado de Petróleo, a Ámbito.
Cascales indicó que por esa razón "más que la coyuntura inmediata, lo que definirá el impacto real sobre los consumidores será el tiempo que dure esta crisis".
El Presupuesto 2026 profundiza la quita de subsidios energéticos, buscando reducir el gasto al 0,5% del PBI. Eso implica que los hogares deberían cubrir el 86% del costo real de la energía.
En enero se anunció un esquema único y focalizado para hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), pero se suspendió debido a que la suba del IPC fue más alta que lo esperado.
Si bien los subsidios en energía subieron respecto de 2025, se encuentran un 30% por debajo del nivel de 2023.
En el caso del transporte, se destinaron $242.348 millones en enero, lo que representa una baja de 7,4% respecto del año pasado.
En ese sentido, el exsecretario de Energía Emilio Apud consideró, en diálogo con Ámbito, que "en alguna parte del año se van a tener que sincerar los subsidios", aunque no descartó que, en medio de la crisis que genera la suba del barril de petróleo, el Gobierno se vea forzado a postergar el ajuste.
En rigor, sería inviable para el Gobierno suspender esa política este año, ya que 2027 es año electoral. Si tiene que subir el precio de los servicios como la luz y el gas, tendrá que hacerlo en 2026.
Es de tomar en cuenta que, si el presupuesto plantea un gasto de casi $5 billones, la meta nominal de superávit fiscal para este año comprometida con el FMI es del orden de los $10 billones. Es decir, que de no hacerlo, el compromiso con el organismo quedaría seriamente afectado.
Otro problema que podría enfrentar la Argentina es que suba la inflación local, siguiendo una posible tendencia global. Pero en ese caso, el incremento de precios por encima de lo esperado también podría jugar a favor de las intenciones del Poder Ejecutivo.
Por efecto precio, podría subir la recaudación, mientras que el gasto se licuaría, lo que dejaría un saldo a favor del equipo económico al analizar los compromisos firmados con el FMI.
Es de recordar que las metas exigibles están fijadas en pesos, con una estimación de inflación del 10%. Todo lo que vaya por encima ayuda a cerrar las cuentas.
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