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Hace unos meses, en estas mismas páginas, me referí a las modificaciones introducidas por el gobierno del presidente Javier Milei a la ley de migraciones por decreto.
Señalé entonces las contradicciones con el pensamiento alberdiano, y que además resultaba incompleta, al centrarse principalmente en acelerar procedimientos de expulsión, limitar instancias recursivas en sede administrativa y judicial, abordar el tratamiento de migrantes en conflicto con la ley penal, etc., dejando sin modificaciones los aspectos “positivos” de una política migratoria en sentido estricto, es decir, aquellos que deben impulsar una migración altamente calificada, captar talento humano, promover diversas regiones para lograr un poblamiento más armónico del territorio argentino, facilitar condiciones concretas de residencia en zonas estratégicas del país, incorporando la variable demográfica y poblacional como fundamental.
Si bien las reformas del Ejecutivo, más vinculadas a una política de seguridad que a una inmigratoria no carecen de impacto, su eficacia dependerá de la disponibilidad real de recursos humanos, infraestructura e inversión que deben dar sustento a la nueva legislación.
La campaña comunicacional del Ministerio de Seguridad busca visibilizar estos procedimientos tipo ICE, pero la cruda realidad es que, como bien le indicó un funcionario de Migraciones a Julio Bazán semanas atrás (y a pesar de su enojo), los controles de permanencia son, en efecto, procedimientos rutinarios; solo que ahora se difunden en vivo.
Pero a propósito de todo esto, la reciente adopción por parte del congreso nacional del Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR, tras más de veinte años de negociaciones abre, y este es el tema de estas líneas, una ventana de oportunidad para la política migratoria argentina.
En efecto, en 2002, los presidentes del MERCOSUR firmaron en Brasilia los Acuerdos de Residencia, inspirados en los avances europeos de aquellos años, especialmente la expansión del Espacio Schengen, que promovía la libre circulación de presonas dentro del bloque.
En 2003, el Congreso argentino sancionó la ley de migraciones que incorporó en su artículo 23 inciso l una categoría de residencia para nacionales de países del MERCOSUR y Asociados, retomando aquél espíriru que explica, a su vez, la facilidad con la que oriundos de países hermanos obtienen su DNI.
La misma ley de migraciones, en su artículo 28, establece: “Los extranjeros incluidos en acuerdos o convenios de migración suscriptos por la República Argentina se regirán por lo dispuesto en esta ley, en el supuesto más favorable para la persona migrante. El principio de igualdad de trato no se considerará afectado por la posibilidad que tiene el Estado, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, de firmar acuerdos bilaterales de alcance general y parcial, que permitan atender fenómenos específicos (…)”.
Si se vincula esto con el mandato constitucional del artículo 25, vigente desde 1853 y sin modificaciones en la reforma de 1994, que establece: “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”, la pregunta inmediata es: dado el decisionismo del gobierno en esta materia (dictó por decreto reformas a la ley de ciudadanía, refugio y migraciones), ¿no es buen momento para avanzar en la incorporación del artículo 23 inciso o, de la misma manera que incorporó un inciso ñ en el decreto 366?
En el contexto del Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR, Argentina tiene la oportunidad de facilitar la residencia de los nacionales de la UE como lo hace con los del MERCOSUR. Exactamente de la misma manera. Debe avanzar en esta línea ahora, pues se observa un incremento notable de jóvenes europeos que llegan al país y se fascinan con él; basta observar las redes sociales para confirmarlo.
Esta tendencia responde a complicaciones actuales en Europa, como la reinstauración del servicio militar obligatorio y las declaraciones recientes de líderes del continente como el jefe de Estado Mayor francés y del canciller alemán Friedrich Merz, quienes han explicitado que una guerra en Europa podría estallar en pocos años, una idea que cobra cada vez mayor consenso.
Naturalmente, en Argentina, ningún ministro o secretario de Estado a cargo de estos asuntos suele captar las oportunidades históricas, lo mejor para durar es siempre no innovar.
Es responsabilidad de los funcionarios intermedios de carrera —más abiertos a las buenas ideas y al análisis estratégico— impulsar estas iniciativas y aprovechar las circunstancias para diseñar políticas migratorias modernas, inclusivas y beneficiosas para el país.
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