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Víctor Blanco y Cristian Malaspina, ex y actual secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respectivamente, fueron indagados este lunes en la causa judicial por la retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos por parte de la entidad.
Los dos siguieron la misma estrategia: presentaron escritos en los que señalaron que en sus roles no tenían la función del pago de esos impuestos y que no contaban con las claves fiscales para poder hacerlo y se negaron a contestar preguntas ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, informaron a Clarín fuentes judiciales. También solicitaron sus sobreseimientos.
El cronograma de indagatorias continuará a mitad de semana con los dos dirigentes más importantes de la AFA: el miércoles será el turno del tesorero, Pablo Toviggino, y el jueves del presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Blanco, ex presidente de Racing, llegó pasadas las 10 de la mañana a los tribunales. "Voy a declarar", adelantó. Consultado sobre si estaba de acuerdo con el paro del fútbol de la novena fecha por esta causa judicial, Blanco contestó: "Ya no soy dirigente".
Una hora y media después se retiró. No quiso contestar cuál era su opinión sobre los hechos de corrupción que involucran a la AFA. "Blanco no tenía función de agente de retención en la AFA. Su función como secretario general era protocolar", le dijo a los medios Fernando Díaz Cantón, abogado del dirigente.
"Como Secretario General no tuve injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando", sostuvo Blanco en su presentación. El ex secretario general señaló que no tenía las claves fiscales para hacer los pagos ni generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP).
En tanto, a las 12 horas fue la indagatoria de Malaspina, actual secretario general y titular de Argentinos Juniors, quien ingresó y se fue por otra puerta y logró eludir a los medios. "De acuerdo a lo que dispone el estatuto del al Asociación del Fútbol Argentino, las decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general", señaló el dirigente en su escrito.
Como Blanco, Malaspina también resaltó que no tiene clave fiscal para hacer los pagos ni genera los VEP. Ninguno de los sostuvo en sus presentaciones de quienes es esa responsabilidad. Sin embargo, todos señalan que la función es de la tesorería, a cargo de Toviggino, y que el propia Tapia tenía clave fiscal. Asó lo señalaron dos empleadas de AFA que declararon como testigos y cuyos testimonios fueron citados por Blanco y Malaspina.
Las indagatorias comenzaron el viernes pasado cuando se presentó el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, que también presentó un escrito y se negó a contestar preguntas.
En la causa se investiga el no pago por parte de la AFA de 19.300 millones de pesos por el impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales en distintos períodos de marzo de 2024 a septiembre del año pasado. Se inició por una denuncia de diciembre pasado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que es querellante en la causa.
Se trata del delito de retención indebida de aportes que tiene una pena de dos a seis años de prisión. La ley establece que ese delito se comete una vez que vence el plazo del pago del impuesto, más allá que después se regularice la situación, como ya hizo la AFA.
Una de las medidas que el juez Amarante tomó en la causa fue analizar si la AFA contaba con fondos para pagar. El banco Credicoop informó que la entidad tenía cuentas bancarias con ocho mil millones de pesos y plazos fijos en dólares por montos de cinco millones de dólares durante los períodos en los que no cumplió sus obligaciones.
Desde la AFA reconocen que no pagaron en plazo pero que la deuda está regularizada: una parte ya se abonó y otra está bajo un plan de pago. Pero agregan un argumento político: es una denuncia impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei. En esa línea, desde la entidad señalan que son una de las pocas asociaciones civiles denunciada por ARCA y que la acusación se presentó en diciembre pasado y no los primeros meses de 2024 cuando empezaron los incumplimientos.
Las defensas tienen presentado un pedido de sobreseimiento y de archivo de la denuncia porque no hay delito. Sostienen que hay resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que están vigentes hasta mitad de año por las cuáles no se pueden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles. Y si no se pueden ejecutar, tampoco se pueden reclamar las deudas, por lo que la AFA no estaba obligada a pagar.
El juez Amarante rechazó ese planteo que fue apelado por las defensas para que lo revise la Cámara en lo Penal Económico. El tribunal también debe analizar las prohibiciones de salida del país que el magistrado les impuso a los acusados.
Si no hay cambios en la fechas de las audiencias, las próximas serán las de Toviggino, el miércoles, y de Tapia, el jueves. Toviggino había pedido que su audiencia sea por videoconferencia y no presencial para evitar lo que consideró “una innecesaria exposición” en los tribunales.
El planteo fue rechazado por el juez Amarante y la semana pasada por la Cámara en lo Penal Económico. “Que, como regla general de la que no corresponde aparatarse, la declaración indagatoria de un imputado debe tener lugar en la sede del tribunal que lo cita para el referido acto procesal", resolvió el tribunal. Así, el tesorero de la AFA deberá presentarse.
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