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Para miles de mujeres, la distancia entre la ley y la vida cotidiana sigue siendo demasiado grande. Las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, para iniciar una acción judicial, llevar adelante una denuncia o reclamar el cumplimiento de medidas correspondientes necesitan tiempo, recursos y accesibilidad.
La desigualdad estructural, la informalidad laboral y la sobrecarga de tareas de cuidado que recae sobre las mujeres reducen las posibilidades de contar con ingresos y tiempo. Conocer cómo operan estas desigualdades permite diseñar respuestas más accesibles, integrales y oportunas que garanticen el pleno acceso a la justicia.
El lema de ONU Mujeres para este 8 de marzo, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, interpela directamente la brecha entre la legislación y la igualdad real. Argentina y la región de América Latina y el Caribe cuentan con un marco normativo y legal robusto, sin embargo, las leyes y los mecanismos de acción no son garantía suficiente para que las mujeres encuentren respuestas oportunas y efectivas para acceder a la justicia.
Garantizar el acceso efectivo exige algo más que buenas leyes. Requiere presupuestos sostenidos, personal capacitado, investigaciones y sistemas rápidos y eficientes. Requiere coordinación institucional, articulación territorial y financiamiento. Además, se requiere una mirada que contemple los diversos factores que obturan el ejercicio de derechos. La desigualdad estructural es un elemento clave: en los hogares de menores ingresos, crece la informalidad laboral.
Las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo y subempleo, aun cuando presentan niveles de formación iguales o superiores a los varones en los estratos más altos. Las tareas de cuidado recaen mayoritariamente sobre ellas, lo que reduce el tiempo disponible para realizar trámites, asistir a audiencias o sostener procesos judiciales que suelen extenderse durante meses o años.
En los hogares con jefatura femenina, muchas recurren al endeudamiento para cubrir gastos básicos de subsistencia: alimentos, servicios, transporte, alquiler, salud y educación. La inestabilidad en los ingresos incrementa la dependencia económica, restringe la autonomía y aumenta la exposición a situaciones de violencia.
Estas condiciones estructurales operan como barreras para el acceso a la justicia. La falta de información clara, la escasa coordinación institucional y la revictimización que muchas veces se vive durante los procesos desalientan la continuidad de las denuncias. La combinación entre vulnerabilidad económica, tiempos judiciales extensos y respuestas fragmentadas y descoordinadas disuelve la efectividad de las protecciones legales.
Garantizar acceso real a la justicia requiere una estrategia integral para fortalecer los mecanismos de patrocinio jurídico gratuito, asegurar plazos razonables en causas vinculadas a violencia y alimentos, mejorar la coordinación entre organismos y consolidar sistemas de protección que funcionen de manera articulada en todo el territorio. También exige integrar políticas económicas y de cuidados que reduzcan las brechas que hoy limitan la autonomía de millones de mujeres.
La justicia constituye un pilar para la democracia. Para cumplir con su carácter universal se deben contemplar estrategias integrales con foco en las personas que requieren protección. Reducir la distancia entre la norma escrita y su impacto en la vida cotidiana nos acerca a una sociedad más igualitaria y segura para todas las personas. Sin justicia para las mujeres y niñas no hay justicia.
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