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La Cámara Federal de Casación Penal respaldó a dos juezas de la Cámara Federal de Rosario y rechazó el pedido de apartamiento que habían impulsado contra ellas el juez federal Gastón Salmain, procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En la causa se lo investiga, junto a un financista y a un escribano, por manipular un expediente para que un fideicomiso pudiera acceder a dólares a precio oficial, a cambio de una coima pactada en 200 mil dólares.
La Sala II de Casación declaró inadmisible el planteo de la defensa de Salmain, para conseguir la recusación y apartamiento por "presunta enemistad manifiesta" de las vocales de la Cámara Federal de Rosario Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello. Los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci señalaron que “el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el a quo (tribunal) y cuyos fundamentos no logra rebatir”.
“En estas condiciones, no se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta cámara como tribunal intermedio”, afirmaron.
Por otro lado, la jueza federal María Servini rechazó la denuncia que Salmain había presentado contra el financista rosarino Fernando Elías Whpei y dispuso que el expediente sea remitido a la justicia federal de Rosario, donde se tramita la causa principal en la que el magistrado está procesado por corrupción.
La decisión desarticuló la estrategia del juez rosarino Gastón Salmain, quien buscaba transformarse en acusador del financista que lo comprometió con su declaración como arrepentido ante la PROCUNAR.
“La acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”, afirmó la magistrada al explicar por qué el expediente debía tramitarse en Rosario y no en los tribunales federales porteños.
Además, la jueza advirtió que abrir una causa paralela en Comodoro Py podría generar resoluciones contradictorias y afectar la economía procesal, ya que ambas investigaciones comparten el mismo núcleo probatorio.
La denuncia de Salmain apuntaba directamente contra Whpei por el delito de falso testimonio agravado, previsto en el artículo 276 bis del Código Penal. El juez sostenía que el financista había mentido en su declaración como imputado colaborador para obtener beneficios procesales y enumeraba lo que describió como “inconsistencias, incompatibilidades y falsedades” en su testimonio.
Sin embargo, tanto el fiscal Carlos Rívolo como la jueza Servini coincidieron en que cualquier discusión sobre la veracidad de esa declaración debe realizarse dentro del expediente principal que tramita en Rosario.
La resolución recuerda además que el régimen del imputado colaborador establece que la información aportada debe ser corroborada dentro del plazo legal de un año por el juez o el fiscal de la causa, requisito que aún se encuentra vigente en la investigación rosarina.
Por otra parte, la jueza informó en su resolución, que está impedida de “tener al Dr. Gastón Salmain como parte querellante por su incompatibilidad con el rol procesal que ocupa en las actuaciones de atracción, sin perjuicio de las defensas que la ley le reconoce.
La causa principal se originó a partir de la declaración de Whpei, quien relató un supuesto acuerdo para manipular un expediente judicial vinculado al fideicomiso Attila.
De acuerdo con la investigación, el magistrado habría autorizado mediante una resolución judicial la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en momentos en que regía el cepo cambiario, lo que generaba una ganancia extraordinaria por la diferencia con el dólar paralelo.
Según el testimonio del financista, el fallo habría sido dictado a cambio de una coima equivalente al 10% de la diferencia cambiaria, estimada inicialmente en unos 200 mil dólares.
El plan, sin embargo, se frustró cuando el cambio de gobierno y la devaluación de diciembre de 2023 redujeron drásticamente la brecha cambiaria y la ganancia prevista se redujo a menos de 20 mil dólares, cifra que el juez habría rechazado.
A partir de esas revelaciones, el jjuez federal Carlos Vera Barros procesó a Salmain por incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y cohecho pasivo agravado, con prisión preventiva que no se ejecutó por sus fueros como magistrado.
Además del procesamiento penal, el Consejo de la Magistratura avanza en un expediente disciplinario que podría derivar en un juicio político para evaluar su destitución.
En ese proceso también se analizan otros antecedentes, entre ellos una denuncia impulsada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por presuntas irregularidades en el concurso que permitió su designación como juez federal.
Mientras tanto, la investigación penal en Rosario continúa avanzando con nuevas medidas de prueba para determinar si el magistrado integró una estructura destinada a manipular decisiones judiciales en beneficio de intereses económicos.
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