La central lo hizo tras la promulgación de la ley. Advierte los riesgos contra los derechos de los trabajadores y exige frenar el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo.
La CGT anunció que haría la presentación el lunes pasado en un movilización hasta Tribunales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de artículos clave de la Ley de Modernización Laboral, al sostener que la norma impulsa el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo y vulnera derechos constitucionales de los trabajadores.
En la presentación judicial, la central sindical solicitó además una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802 y del convenio de transferencia de competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes que trabajaron en la letra chica del texto indicaron que la demanda fue presentada en el Fuero Contencioso Administrativo y recayó en el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico.
Según el escrito, la demanda se dirige contra el Estado nacional y busca que la Justicia declare “la nulidad e invalidez constitucional de los arts. 90 y 91 de la Ley 27.802 (…) así como del Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La CGT advierte que las normas cuestionadas disponen “la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo”, lo que, a su criterio, constituye una medida arbitraria y contraria al orden constitucional.
De acuerdo con la presentación, el convenio aprobado por la ley prevé el cierre de 30 juzgados laborales y de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, además de establecer un proceso que terminaría con la extinción del fuero.
La central sindical afirma que el acuerdo compromete al Gobierno nacional a “un proceso de finalización del funcionamiento y posterior cierre de la Justicia Nacional del Trabajo”. "El planteo incluye el pedido de inconstitucionalidad de ambos artículos", confiaron a Ámbito fuentes involucradas en la presentación judicial.
Para la CGT, esa decisión pone en riesgo la garantía de los trabajadores de acceder a tribunales especializados para resolver conflictos laborales.
El escrito sostiene que la reforma “pone en inminente serio y grave riesgo el derecho de trabajadoras y trabajadores a que sus conflictos laborales sean juzgados por los tribunales de la Constitución Nacional”.
La central obrera planteó, además, múltiples objeciones al proceso legislativo que culminó con la aprobación de la reforma. Entre otras cuestiones, señaló que la ley fue tratada en sesiones extraordinarias sin que el Poder Ejecutivo justificara la urgencia exigida por la Constitución.
En ese sentido, el escrito afirma que “se ha omitido con claridad un recaudo previsto en el art. 99 inciso 9 de la Constitución Nacional”, que exige invocar un grave interés de orden o progreso para convocar al Congreso fuera del período ordinario.
También cuestionó que el proyecto enviado al Congreso no incluía originalmente el acuerdo de transferencia de la Justicia laboral, que fue incorporado posteriormente.
Otro de los puntos señalados por la CGT es que el acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires habría excedido sus alcances.
Según la presentación, el jefe de Gabinete sólo tenía facultades delegadas para negociar la transferencia de competencias, pero no para acordar la eliminación de tribunales nacionales.
Por eso, el escrito sostiene que “sólo tenía facultades (…) para acordar la transferencia de competencias en materia laboral, pero en modo alguno para pactar la disolución parcial inmediata y total a futuro de la Justicia Nacional del Trabajo”.
La central sindical también denunció que la reforma apunta exclusivamente contra la Justicia del Trabajo. En ese sentido, sostuvo que “única y focalizadamente se ataca a la Justicia del Trabajo, disponiendo su desaparición”, lo que calificó como un acto discriminatorio en la actividad legislativa.
En el escrito se afirma además que el cierre del fuero laboral podría interpretarse como una represalia contra las decisiones adoptadas por esos tribunales.
La CGT advirtió que la Justicia Nacional del Trabajo constituye desde hace décadas una garantía para los trabajadores al momento de hacer valer los derechos que les confieren las leyes y las convenciones colectivas.
Con estos argumentos, la central sindical solicitó que se declare la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas y que se suspenda su aplicación.
Según la presentación, la reforma podría afectar no sólo a trabajadores con juicios laborales en trámite o por iniciar, sino también a empleados y funcionarios del propio Poder Judicial que se desempeñan en el fuero laboral.
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