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Un informe de la Dirección General Impositiva (DGI), al que tuvo acceso Clarín, y que fue presentado ante la Justicia Federal, identificó a la empresa Malte SRL como una posible “usina sin capacidad operativa económica y financiera”, en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero en la que se investiga a Luciano Pantano, uno de los presuntos testaferros de la mansión de Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino.
El documento fue remitido al Juzgado Federal de Campana, en la causa “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, que investiga presuntas operaciones vinculadas al delito de lavado. Allí se detallan múltiples inconsistencias detectadas por ARCA en la operatoria de la firma.
Según el informe, elaborado por la Dirección Regional Centro de la DGI, el análisis de la información fiscal y patrimonial de Malte SRL permitió identificar una serie de irregularidades que ponen en duda la capacidad real de la empresa para sostener el volumen de operaciones registradas.
Entre las principales anomalías señaladas se encuentran frecuentes cambios de domicilio fiscal, la imposibilidad de localizar a la empresa en su dirección declarada y la inscripción en múltiples actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.
Otro dato relevante consignado en el informe es que el contribuyente Malte SRL exteriorizó bienes por un total de 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.
Malte, como contó Clarín en diciembre, es la firma que aparece como dueña de la mansión en Pilar atribuida a Toviggino. Además figura como proveedora de la AFA.
De hecho, en el boletín 6.089 de la AFA, se informó que Malte SRL fue contratada de forma directa en 2022 para la implementación del sistema VAR, obra por la que le pagaron 550 mil dólares desde la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.
El organismo también detectó dificultades para reconstruir la trazabilidad de diversas operaciones patrimoniales. Según el reporte, la sociedad informó bienes registrables -como vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola-, pero se observaron altas y bajas recurrentes de esos activos, muchas veces realizadas entre empresas vinculadas a la propia firma.
En el caso de los automotores, la DGI identificó una gran cantidad de transferencias, especialmente en vehículos de alta gama, lo que refuerza las sospechas sobre posibles maniobras de circulación de activos dentro del mismo entramado societario.
El informe también advierte sobre facturación electrónica por montos significativos emitida a empresas del mismo grupo, con conceptos que no guardan relación con las actividades declaradas por las compañías involucradas.
A su vez, se detectó que la empresa registró numerosas compras que tampoco se vinculan con los servicios o productos que dice vender, y que varios de esos proveedores también presentan relaciones societarias o comerciales con el mismo circuito empresarial.
Otra irregularidad señalada por el organismo es que Malte SRL no actuó como agente de retención en los períodos 2020, 2021, 2024 y 2025, a pesar de registrar importantes montos de compras en esos años.
A esto se suma una estructura operativa que, según la ex AFIP, resulta incompatible con el volumen de actividad declarada. La empresa registró un solo empleado durante casi todo el período analizado, salvo durante tres meses en los que tuvo más personal.
Ese trabajador, además, tiene domicilio en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los domicilios fiscales de la empresa figuran en la provincia de Santiago del Estero. En paralelo, el organismo detectó que la dirección IP desde la cual se emitían comprobantes electrónicos estaría localizada en Tucumán, lo que refuerza las inconsistencias detectadas.
Uno de los elementos más sensibles del informe aparece en el análisis técnico de las conexiones informáticas utilizadas para emitir facturación.
Además, ARCA detectó que determinadas direcciones IP -en particular la 181.14.215.128- eran utilizadas indistintamente por varias empresas vinculadas a Malte SRL. Entre ellas figuran Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.
En esa misma IP, según el organismo, también aparecen registradas personas físicas vinculadas al dirigente del fútbol Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y uno de los principales colaboradores de Claudio “Chiqui” Tapia en la conducción del fútbol argentino.
De acuerdo con el informe, entre las personas relacionadas con esa dirección IP figuran Toviggino, Pablo Ariel, así como María Valentina Toviggino, Máximo Augusto Toviggino y María Vittoria Toviggino, identificados como hijos del dirigente. También aparece vinculada María Julia Del Castillo, señalada como su cónyuge.
El documento también menciona una factura emitida el 29 de abril de 2021 por la escribana Gilda Milani, quien facturó servicios vinculados a declaraciones juradas para varias personas, entre ellas Luciano Pantano, uno de los investigados en la causa judicial.
Además, la AFIP detectó operaciones comerciales entre Malte SRL y la Asociación del Fútbol Argentino, aunque indicó que no pudo determinar ni aproximar la trazabilidad de los productos que supuestamente fueron vendidos a la institución.
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