La central obrera acudió a la Justicia tras la oficialización de la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei. Sostiene que los cambios afectan derechos laborales garantizados por la Constitución y tratados internacionales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un recurso de amparo ante la Justicia con el objetivo de frenar la implementación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Lo había anticipado el lunes tras una masiva movilización. La central sindical pidió que la normativa sea declarada inconstitucional al considerar que vulnera derechos históricos de los trabajadores.
La presentación judicial se realizó luego de la sanción y oficialización de la ley, considerada por el Ejecutivo como una pieza central de su programa económico. La CGT sostiene que varios artículos afectan derechos individuales y colectivos, en particular aquellos vinculados con la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga.
Entre los argumentos del amparo, la central obrera afirma que la reforma viola principios constitucionales del derecho del trabajo, como el de progresividad, que establece que los derechos laborales no pueden retroceder una vez conquistados. También cuestiona que algunos cambios contradicen compromisos asumidos por el país en tratados internacionales y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
El recurso judicial se inscribe en una estrategia más amplia del movimiento sindical para frenar la reforma, que ya había sido anticipada con movilizaciones y advertencias públicas contra la iniciativa oficial. La conducción cegetista considera que la norma implica un retroceso en materia de derechos laborales consagrados en la Constitución, particularmente en el Artículo 14 bis de la Constitución Argentina, que establece garantías para los trabajadores.
La reforma laboral aprobada por el Congreso introduce cambios profundos en el mercado de trabajo, con medidas destinadas a flexibilizar contrataciones, modificar el régimen de indemnizaciones y redefinir el alcance de la negociación colectiva. El Gobierno defiende esas modificaciones como necesarias para modernizar el sistema laboral y fomentar la creación de empleo formal.
Con el amparo presentado, la discusión sobre la reforma abre ahora un nuevo frente en los tribunales. Será la Justicia la que deberá definir si la norma puede aplicarse plenamente o si corresponde suspender algunos de sus artículos mientras se analiza su constitucionalidad.
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