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Luego de que el presidente Javier Milei promulgara este viernes la ley de reforma laboral, la CGT presentó un recurso de amparo contra el Estado para frenar la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley que refieren al traspaso del fuero laboral de la Capital a la Justicia porteña.
El escrito recayó por sorteo en el Juzgado Contencioso número 7 a cargo de Enrique Lavié Pico. Se trata del mismo magistrado que a inicios de 2024 rechazó dos amparos que pretendían que se declarara la inconstitucionalidad del Decreto 70/2023 de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía. Lavié Pico, al mismo tiempo, había avalado que todas las demandas se tramitaran de manera separada, un detalle que -en la práctica- significó un duro revés para el Gobierno.
La presentación judicial lleva la firma de todo el triunvirato de la CGT, y también de los líderes de los diversos gremios que forman parte de la central obrera.
La estrategia legal de la central obrera es diferente a la que adoptó con el capítulo de laboral del polémico DNU de diciembre de 2023, pero guarda similitudes.
Entonces, los gremios optaron por multiplicar las denuncias en juzgados de primera instancia para parar la reforma. El reclamo llegó rápidamente hasta la Cámara del Trabajo, que frenó el DNU y escaló hasta la Corte Suprema que nunca se pronunció al respecto.
El próximo paso de la CGT es presentar otra cautelar en el fuero laboral. De manera particular diferentes gremios se presentarán en juzgados de primera instancia. Varias de esas presentaciones serán contra el fondo de la norma.
La central obrera reclama la nulidad e inconstitucionalidad del convenio que transfiere el fuero laboral de la Capital a la Ciudad y que habilita el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara del Trabajo, además de una futura eliminación total del fuero laboral nacional.
La CGT, que se movilizó con una manifestación moderada el lunes a Tribunales, sostiene que la norma fue aprobada durante las sesiones extraordinarias y que no cumplió con los requisitos constitucionales. La vicepresidenta Victoria Villarruel -ahora en el ejercicio de la presidencia por el viaje de Milei a Estados Unidos- había advertido sobre la inconveniencia de incluir el traspaso del fuero a la Ciudad.
El jueves, durante la jura de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, el nuevo procurador de la Ciudad Javier Martínez Zabaleta se refirió al traspaso del fuero. "Queremos que la transición del fuero laboral sea ordenada", dijo a la prensa el funcionario porteño, muy cercano al flamante integrante del gabinete nacional.
Los gremialistas sugieren que el Ejecutivo se extralimitó en sus facultades y que el acuerdo se firmó sin la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral que regula las transferencias a la Ciudad, según la Ley 24.588.
Advierten que el traspaso generará un colapso judicial, afectará miles de causas en trámite y dejará en incertidumbre laboral a empleados y funcionarios judiciales.
Será la primera tarea del flamante procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, Sebastián Amerio, que fue desplazado del ministerio de Justicia y hombre de Santiago Caputo. Su antecesor Santiago Castro Videla, será uno de los tres subprocuradores.
A través de un comunicado, el organismo que depende de la Cartera de Justicia informó que había sido trasladado a la secretaría Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal Murphy, que se referencia en Caputo. De manera casi inmediata, el Gobierno informó que se había tratado de una errata y que continuaría bajo la órbita de Justicia.
El recurso judicial presentado por la CGT no dice nada sobre las modificaciones más polémicas de la Reforma, como indemnizaciones, las modalidades contractuales de registración laboral, y los derechos adquiridos que se perderían con los nuevos períodos de prueba, multas laborales y las nuevas limitaciones al derecho de huelga.
Las objeciones contra el fondo de la ley se presentarán en tribunales inferiores o en el fuero laboral, según prometen en la calle Azopardo.
La central obrera, que convocó al cuarto paro general cuando la Cámara de Diputados trató la Reforma a la que la Cámara Alta le dio sanción definitiva el viernes pasado, no movilizó todo su aparato en la marcha del 11 de febrero. Ahora apuestan al aumento de la conflictividad social mientras el Gobierno no logra que repunten ni en el consumo ni el empleo.
En otro comunicado, la CGT rechazó las multas al gremio ferroviario de La Fraternidad y a la Unión Tranviaria Automotor que se plegaron al paro, aunque el ministerio de Capital Humano había dictado la conciliación obligatoria previamente en la disputa salarial que enfrenta a las empresas y los transportistas de pasajeros.
Este viernes, además, la CGT definió que se sumará a la marcha por el Día Internacional de la Mujer con columnas de trabajadoras de la CTA y la UTEP desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.
Mientras tanto, UPCN, el gremio mayoritario de los estatales -con peso específico en el consejo directivo de la CGT- cerró paritarias hasta junio. ATE firmó en disidencia. Camioneros, por su parte, pidió un aumento por encima de la pauta que fijó el Gobierno.
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