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El gerente general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gustavo Lorenzo, se presentó este viernes en la justicia para ser indagado en la causa por la retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos en la que está acusado junto a otros dirigentes de la entidad, entre ellos el presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
Lorenzo llegó a las 11 horas a los tribunales de la avenida de los Inmigrantes al 1900 para presentarse ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Lo hizo solo y en algún momento la indagatoria estuvo en duda: en las últimas horas cambió de abogado y la audiencia podía posponerse.
Pero se presentó y así, Lorenzo fue el primero de los cinco acusado en iniciar las indagatorias de la causa.
Las indagatorias en rigor debían comenzar este jueves. El primero iba a ser Tapia pero cambió de abogados –su nueva defensa está a cargo de Luis Charro- y el juez le dio tiempo para conocer la causa y le fijó la audiencia para el próximo jueves.
Junto con Tapia, Toviggino y Lorenzo están citados a indagatoria el actual y ex secretario general Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Las audiencias continuarán el lunes con Blanco y Malaspina, el miércoles será el turno de Toviggino y cierra el jueves Tapia.
La causa se inició con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que planteó que la AFA no pagó 19.300 millones de pesos por el impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales en distintos períodos de marzo de 2024 a septiembre del año pasado.
La ley establece que el delito se comete una vez que vence el plazo del pago del impuesto, más allá que después se regularice la situación, como ocurrió en este caso. Una de las medidas que el juez Amarante tomó en la causa fue analizar si la AFA contaba con fondos para pagar los tributos. Los tenía. El banco Credicoop informó que la entidad contaba con cuentas bancarias con ocho mil millones de pesos y plazos fijos en dólares por montos de cinco millones de dólares.
Desde la AFA sostienen que es una causa política que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei. Uno de los argumentos es que la deuda –que no niegan- ya fue abonada en una parte y otra está regularizada con planes de pago. También que es una de las pocas asociaciones civiles denunciada por ARCA y que la acusación se presentó en diciembre pasado y no los primeros meses de 2024 cuando empezaron los incumplimientos.
Tapia y otros acusados plantearon que en la causa no hay delito y por eso pidieron su sobreseimiento. Las defensas solicitaron el cierre de la causa porque hay resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que están vigentes hasta mitad de año por las cuáles no se pueden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles. Y si no se pueden ejecutar, también se pueden reclamar, por lo que la AFA no estaba obligada a pagar.
El juez Amarante rechazó ese planteo. Las defensas apelaron a la Cámara en lo Penal Económico, que tiene pendiente resolver el planteo.
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