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La amistad entre la Argentina y Brasil es el dato político central del Cono Sur desde que Raúl Alfonsín y José Sarney transformaron la desconfianza histórica en cooperación estratégica. Ese entendimiento no fue un gesto sentimental: fue un diseño institucional para estabilizar la región, ampliar mercados y ensayar un sendero de apertura económica compatible con la democracia.
Por eso, aun cuando existan diferencias transitorias entre gobiernos, inevitables en sociedades plurales, conviene preservar el acuerdo de fondo: la cooperación bilateral como núcleo central del bloque.
Con el tiempo, el MERCOSUR se cargó de ambiciones que no siempre se adaptaron a nuestras realidades. La unión aduanera y su arancel externo común fue un objetivo influido por el espejismo de la integración europea. Pero la experiencia sudamericana mostró rápidamente sus límites: economías estructuralmente proteccionistas, presión de sectores beneficiados por barreras, listas de excepciones que se multiplican, regímenes especiales y trabas supuestamente temporales, demostrativas que nada hay más permanente que lo transitorio.
El arancel común se convirtió, muchas veces, en un candado: dificulta negociar mejor con terceros y, al mismo tiempo, no evita que cada país recurra a medidas de excepción cuando la coyuntura aprieta.
Conviene entonces recordar qué debe ser hoy el MERCOSUR: antes que un bloque cerrado, es una alianza política y un espacio de confianza recíproca para sostener una zona de libre comercio efectiva. Consolidar esa zona reduciendo trabas internas, simplificando procedimientos, garantizando previsibilidad es más realista y más útil que insistir en metas de difícil cumplimiento. La flexibilidad no es una concesión: es una condición de viabilidad. Una zona de libre comercio bien diseñada no es una integración de menor jerarquía: es integración inteligente, porque ordena el comercio intrarregional y permite coordinar hacia adentro sin impedir la proyección hacia afuera.
Para que esa zona de libre comercio sea creíble, debe permitir que cada Estado parte negocie acuerdos externos sin quedar rehén de vetos internos, con cláusulas de acumulación de origen y convergencia regulatoria. Esa geometría variable no rompe el bloque: lo fortalece, porque evita que una norma imposible paralice a todos y al mismo tiempo crea incentivos para que los rezagados se sumen luego.
Esa apertura extra-zona es el punto decisivo. El acuerdo con la Unión Europea, aun en expectativa a pesar de larga y trabajosa negociación debido al proteccionismo agrícola europeo , será un salto cualitativo: obliga a compatibilizar regulaciones, elevar estándares, transparentar procesos y ofrecer seguridad jurídica a quienes invierten y comercian.
Es, también, una vía para disciplinar discrecionalidades administrativas que alimentan el proteccionismo mediante permisos, cupos, licencias e interpretaciones cambiantes. El entendimiento comercial de la Argentina y Paraguay con Estados Unidos señala un camino de apertura gradual: acuerdos concretos, verificables y acumulativos, como entrenamiento institucional para competir en cadenas de valor más exigentes.
Hemos olvidado, además, que el MERCOSUR fue concebido como un acuerdo regulatorio. Integrar no es sólo bajar aranceles: es reducir costos de transacción. Esto incluye armonizar normas aduaneras, sanitarias y técnicas; avanzar en reconocimiento mutuo de certificaciones; digitalizar trámites; mejorar infraestructura y logística; y, cuando sea posible, compatibilizar aspectos del derecho privado que faciliten contratos, garantías, insolvencias, títulos de crédito y prestación de servicios. La competitividad se construye en fronteras funcionales, aduanas predecibles, plazos razonables y cadenas regionales que no se rompen por una traba burocrática.
La agenda práctica está a la vista: reglas de origen simples y verificables; compras gubernamentales más abiertas y transparentes; eliminación de obstáculos para-arancelarios disfrazados de controles; y mecanismos ágiles de solución de controversias. Aquí los tribunales importan tanto como los ministerios. Sin jueces, paneles o arbitrajes creíbles, los compromisos se licuan y la integración queda a merced de la decisión administrativa del día. En una región con tradición corporativa, la certeza jurídica vale más que la regulación discrecional: limita privilegios, reduce el oportunismo y vuelve más atractiva la inversión.
Europa atraviesa tensiones que enseñan, pero no desaniman: el Brexit mostró los costos de subestimar la política interna; la guerra en sus fronteras, ya en su cuarto año, obligó a repensar seguridad, energía y resiliencia industrial.
La lección es simple: la integración no es automática ni irreversible; requiere instituciones, incentivos y voluntad política sostenida. Imitar modelos ajenos sin adaptar instrumentos suele producir frustración; aprender de sus aciertos y de sus crisis es más sensato.
América del Sur sigue siendo la región menos integrada. Precisamente por eso, restablecer la centralidad del acuerdo político argentino-brasileño clave en la geopolítica del Atlántico Sur es indispensable. No para levantar un bloque defensivo, sino para consolidar una zona de libre comercio y habilitar acuerdos extra-zona que abran la economía.
La apertura, además, es un antídoto contra la captura regulatoria: obliga a medir costos, exponer privilegios y rendir cuentas. Ese es el verdadero entrenamiento para dejar atrás el corporativismo y el proteccionismo: y de esta manera competir, invertir y prosperar.
El autor es abogado constitucional y Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia desde 2013.
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