El máximo tribunal resolvió un conflicto de competencia y determinó que el juez federal continúe la causa por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad durante un operativo en una protesta frente al Congreso.
La Corte investigará a Patricia Bullrich por apremios ilegales y abuso de autoridad en una marcha.
La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi investigue la denuncia contra Patricia Bullrich por apremios ilegales y abuso de autoridad vinculados a un operativo de seguridad realizado durante una protesta en las inmediaciones del Congreso.
La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron un conflicto de competencia entre el juzgado federal y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 sobre quién debía llevar adelante la investigación. El fallo siguió el dictamen de la Procuración General.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado de Fuerza Patria, Horacio Pietragalla, contra Bullrich por el operativo desplegado el 4 de septiembre de 2024 en los alrededores del Congreso de la Nación. Según la presentación, en ese procedimiento “se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”.
Ese día, organizaciones piqueteras se movilizaron contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Durante la protesta, los manifestantes avanzaron sobre la calle y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar el tránsito. Hubo enfrentamientos y cerca de treinta heridos, entre ellos ocho periodistas, mientras Bullrich seguía el operativo. Tras los hechos, Pietragalla presentó la denuncia en Comodoro Py.
Cuando el expediente llegó a su juzgado, Martínez De Giorgi consideró que el caso se relacionaba con la validez de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, que estableció el protocolo de actuación ante cortes de calles. Por ese motivo, decidió declinar su competencia y derivar la causa a la justicia ordinaria, que había intervenido previamente en un habeas corpus preventivo vinculado con esa normativa.
Sin embargo, desde el fuero nacional en lo criminal y correccional rechazaron asumir el caso. Argumentaron que “el objeto, la pretensión y el trámite” de aquella causa eran distintos a los de una denuncia por delito de acción pública, y que por lo tanto no correspondía aplicar las reglas de conexidad. También sostuvieron que investigar la conducta de una ministra nacional por actos vinculados a su función corresponde a la justicia federal.
El conflicto llegó así a la Corte Suprema. En su dictamen, el procurador Eduardo Casal sostuvo que la respuesta del juez de instrucción era correcta y señaló que la eventual coincidencia en una cuestión jurídica no modifica las reglas de competencia ni justifica la acumulación de expedientes.
Finalmente, el máximo tribunal aceptó ese criterio y resolvió que el expediente permanezca en el juzgado federal de Martínez De Giorgi, quien deberá continuar con la investigación.
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