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Cristina y Máximo Kirchner estarán sentados juntos en el banquillo de los acusados. Pero ese juicio que deben afrontar por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas, aún no tiene fecha de inicio. Por ese motivo, el fiscal general Diego Velasco pidió este miércoles al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que con "premura" se avance hacia el debate público.
"La trascendencia pública y el interés ciudadano por esclarecer estos hechos tornan necesaria la premura en definir la situación procesal de los aquí imputados con todas las garantías que el debate oral y público les confiere sino hasta el 2026, pese a que la Corte Suprema reabrió el caso en diciembre pasado", sostuvo el Velasco en el escrito al que accedió Clarín.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que "el retraso responde a una pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces que no ingresará sino hasta el próximo año. Además, habrá cambios en la conformación del Tribunal que tendrá a cargo el debate oral y público".
Efectivamente, el TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, aguarda la culminación de una pericia contable sobre una de las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado.
El fiscal Velasco entiende que, pese ese trabajo pendiente ha sufrido varios traspiés -documentación faltante, peritos contables que se corrieron del cargo, pedidos a la provincia de Santa Cruz que no fueron respondidos- el juicio podría iniciar de todas maneras.
El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó "con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario", según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para "devolver" a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral tienen condena firme.
Los imputados también están acusados por haber recibido dádivas, ya que Cristina era la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y Báez un empresario contratista del Estado con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
En la etapa de instrucción los casos se investigaron por separado, pero se unificaron en la instancia de elevación a juicio oral, y es el TOF 5 el responsable de realizar el debate.
Velasco, que será el fiscal del juicio, solicitó una batería de medidas de cara al debate público, que se cursaron a lo largo de varios meses. Pero una de ellas le otorgó más tiempo a Cristina Kirchner.
Son dos las pericias contables que se requirieron. La primera de ellas ya fue entregada, tal como reveló Clarín. El trabajo sostenía que Hotesur funcionaba únicamente para recibir dinero por parte de Lázaro Báez -quien explotaba la firma hotelera con Valle Mitre SRL-. Esta compañía recibía dinero de manera exclusiva de Austral Construcciones, que sólo percibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.
La segunda pericia aún no concluyó y se concentra en la inmobiliaria Los Sauces. Lo que ocurrió, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, es que algunos peritos cambiaron y el informe final no ingresará al TOF 5 antes de marzo del próximo año.
Recientemente, el presidente del Tribunal -José Michilini-, dio cuenta de una serie de decisiones adoptadas en relación a la pericia faltante y que sigue incompleta. Al respecto, el fiscal Velasco señaló que no se conocía la opinión de los tres magistrados y que eso era necesario.
Pero la fiscalía también consideró que no es necesario esperar el resultado final de esa pericia sobre la inmobiliaria Los Sauces para iniciar el debate oral y público. "Nada obsta a que el debate se inicie con tales medidas en su fase final de conclusión".
El representante del Ministerio Público cree que con la resolución firmada por Michilini únicamente "se están desnaturalizado las reglas procesales que rigen en la materia" y que por eso motivan su reclamo.
Por ello -continuó diciendo el fiscal- "es que solicito al Tribunal que revoque -con la firma de sus tres integrantes- el decisorio adoptado el pasado 2 de marzo en forma unipersonal y se fije una fecha de inicio del debate oral y público sobre las presentes causas".
Recordó otros debates orales en los que se fijó la fecha de inicio incluso cuando las medidas de prueba no estaban concluidas pero sí con un importante grado de avance, como ocurre en este caso.
En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios".
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales", es decir Cristina Kirchner y su familia.
La cronología es la siguiente. Desde 2009 a julio de 2013, Báez pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja.
A esos acuerdos se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.
¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? De Austral Construcciones. La compañía, que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. La principal empresa del holding inyectó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles, y esos fondos terminaron en el patrimonio de la expresidenta.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina y a Báez en el caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados”. El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”. Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, comandado por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.
El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta".
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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