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El capítulo final de la fortuna de Norberto Mario Oyarbide no parece encaminarse hacia una sentencia, sino hacia el silencio de los tribunales. En un fallo, la Sala I de la Cámara Federal porteña revocó una resolución de primera instancia y dejó la causa por enriquecimiento ilícito contra los presuntos testaferros del exjuez al borde de la prescripción, exponiendo lo que los magistrados consideran una "grave negligencia" en el trámite del expediente.
A pesar de que Oyarbide -fallecido el 1 de septiembre de 2021- gozó durante 21 años de una protección política que le permitió exhibir un ostentoso estilo de vida, la justicia se ha topado con un límite técnico infranqueable.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que, aunque la fiscalía impulsó la acción, el órgano jurisdiccional falló en el acto procesal clave: "hasta el día de hoy no ha habido llamado a prestar declaración indagatoria" a los acusados. Al no existir esta convocatoria formal por parte de un juez, el plazo legal de seis años para perseguir el delito se agotó, extinguiendo la posibilidad de seguir adelante.
La investigación, que se remonta a una pesquisa preliminar del fiscal José María Campagnoli, intentaba desentrañar cómo el entorno del magistrado acumuló una fortuna que chocaba con sus ingresos oficiales. Entre los bienes bajo sospecha que ahora podrían quedar en la sombra se encuentran: un departamento en Recoleta con paredes enteladas, cuadros en papel de oro y joyas Bulgari; propiedades de lujo detectadas tras el divorcio del contador Ariel Roperti (señalado como el arquitecto financiero de la red), incluyendo una casa en el country Abril, un departamento en el Hotel Faena y una residencia en Cariló; y la participación de su ex pareja, Claudio Blanco, en sociedades como “Cuasares S.R.L.”, “Consorcio Creba S.A.” y “Krakenlab S.R.L.”.
Hacia 2018, el fiscal Jorge Di Lello -hoy fallecido- ya había advertido que el crecimiento de los bienes de Oyarbide era lo suficientemente "apreciable" como para exigir explicaciones formales sobre el origen de los fondos. Tras su muerte, el fiscal Ramiro González mantuvo la presión sobre el círculo íntimo del magistrado, rechazando los intentos de clausurar el caso y fue enfático al señalar que la responsabilidad de los testaferros es independiente y debe ser juzgada con el mismo rigor.
Esta tesis fue respaldada por el juez Ariel Lijo, quien por entonces subrogaba el juzgado y avaló la continuidad de la pesquisa, asegurando que el expediente ya reunía la prueba necesaria para considerar dicho enriquecimiento como "por demás apreciable" según la hipótesis de la acusación.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal convalidó la continuidad de la investigación. En aquel momento, la Sala I consideró que la causa demandaba el desarrollo completo del proceso judicial.
El conflicto legal escaló cuando el juzgado de instrucción intentó "salvar" el caso el 11 de diciembre de 2025, ante un pedido de la defensa, argumentando que la solicitud de indagatoria del fiscal Ramiro González bastaba para frenar el reloj judicial. Sin embargo, la Cámara fue tajante al descartar este criterio, aclarando que el Código Penal exige una disposición directa del juez para interrumpir la prescripción.
Con esta resolución, el destino de la causa queda en manos del juez Julián Ercolini, quien deberá solicitar informes al Registro Nacional de Reincidencia. De no haber nuevos delitos, se verá obligado a acatar los lineamientos de la Cámara y dictar el archivo definitivo, dejando impune el rastro de los lujosos bienes que el exjuez más polémico de Comodoro Py nunca pudo explicar.
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