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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le pidió a la Argentina que ceda parte de su tiempo de exposición en una audiencia ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Será para presentarse a favor de la posición del Estado en el caso por la violación del estatuto de YPF al momento de la estatización del 51% de sus acciones, en 2012.
Argentina enfrenta una condena judicial en primera instancia que la obliga a pagar a los administradores de la quiebra de las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (de la familia Eskenazi) y Eton Park -todos ellos financiados por el fondo Burford Capital- unos 16.100 millones de dólares, que devenga intereses a razón de 5,42% desde septiembre de 2023 y acumulan otros US$ 2.000 millones extra.
Según supo Clarín a través de fuentes oficiales, los delegados del gobierno federal liderado por presidente estadounidense Donald Trump en el Department of Justice (DOJ) solicitaron apoyar a los representantes de su amigo Javier Milei en la audiencia donde se expresarán los argumentos "orales" el 16 de abril, sobre las medidas de ejecución de la sentencia primaria.
"Un funcionario de Estados Unidos va a hablar a favor de la Argentina como expositor en una audiencia oral, es un gesto histórico", celebran en los despachos oficiales.
Sobre 20 minutos que pidió la Argentina para cada una de las partes, la Procuración del Tesoro, representada en Estados Unidos por Sullivan & Cromwell, cedería 5 minutos para la exposición norteamericana, que también es amicus curiae del Estado
La postura estadounidense es que forzar la transferencia de acciones podría causar un daño “irreparable” e ir en contra de leyes de inmunidad soberana.
La apelación, precisamente, es contra la entrega de las acciones que el Estado nacional tiene en YPF -el 51% del total-, denominada "turnover" y contra el "discovery" acerca de la entrega de comunicaciones de funcionarios y ex funcionarios mediante correos electrónicos y WhatsApp, así como documentación sobre la ubicación de bienes factibles de embargo, como el oro del Banco Central (BCRA), los aviones de Aerolíneas Argentinas, los satélites de Arsat, y otros activos del Banco Nación, Energía Argentina (Enarsa) e YPF.
Tanto la entrega de acciones como comunicaciones y la determinación de bienes pasibles de ser embargados fueron órdenes de la jueza Loretta Preska, así como el fallo de fondo por el pago de US$ 16.100 millones, que también fue apelado.
La audiencia por esa sentencia fue el 29 de octubre pasado y el tribunal integrado por los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson -todos ellos nombrados por gobiernos demócratas- está en condiciones de fallar en cualquier momento; se espera que sea durante 2026 y que cualquiera fuera su decisión, terminará en la Corte Suprema.
Burford, que tiene el 35% de participación en las demandas de las sociedades Petersen y el 82% de Eton Park, anotó que el valor contable de sus activos por el caso YPF es de 1.689 millones de dólares; no representa un valor real, sino una forma de contabilizarlo de acuerdo a sus probabilidades de cobro.
La mayoría de las acciones del juicio la tienen los acreedores de las sociedades en quiebra, entre ellos la petrolera española Repsol y los bancos, como Santander, Itaú, Credit Suisse, BNP Paribas, Citibank, Bradesco y el Standard Bank.
A medida que pasa el tiempo y las sentencias en contra, la Argentina tiene un costo mayor, que se lo quiere hacer cobrar Burford Capital al intentar bloquear en el futuro emisiones de deuda soberana como arma de negociación.
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