En el inicio del tratamiento de la ley de Glaciares en la Cámara baja, el Gobierno cedió y no avanzará en un debate exprés con la reforma. Aunque la votación no será en marzo, la oposición pide más tiempo.
El primer encuentro para tratar la reforma de la Ley de Glaciares se concentró en la definición de los mecanismos de discusión para su votación en Diputados. Si bien el plan inicial del Gobierno proyectaba para el 12 de marzo la sanción de la propuesta ya aprobada en el Senado, en un plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales definió no llevar la iniciativa a sesión este mes. La oposición solicitó más tiempo de debate y participación ciudadana.
"Teníamos contemplada la posibilidad de extender el debate para después no estar corriendo con el dictamen", aseguraron a este medio desde la conducción legislativa libertaria, donde sugirieron que podía ser convocada algún funcionario del Ejecutivo para respaldar el proyecto. "Es un pequeño triunfo, pero hay que cuidar este mes para que no se den vuelta diputados. Hoy ellos no tienen los votos en el recinto y tienen que revertir votos del peronismo", analizaron para Ámbito desde un bloque opositor.
La propuesta modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana".
Esta potestad provincial, que se impondría por sobre el criterio del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se ratificó con las dos reformas de último momento que incorporó el Senado antes de sancionar el proyecto con 40 a favor y 31 en contra. En estas reformas se removió la posibilidad de que la Cancillería intervenga en caso de zonas fronterizas y se eliminó la autoridad de un Comité de Cuenca de fiscalizar cuencas interjurisdiccionales en caso de potencial impacto ambiental.
El objetivo de la oposición en el inicio del debate fue evitar que se replique la metodología de tratamiento implementado en el Senado de la Nación, en donde hubo sólo dos reuniones de comisiones: una de los gobernadores de las provincias mineras el 17 de diciembre y otros de las empresas junto a ambientalistas el 18 de diciembre. Luego de eso, se dictaminó el proyecto hasta su votación en el recinto, el pasado 26 de febrero.
Dentro de la oposición, la bonaerense Sabrina Selva (Unión por la Patria), la porteña Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) solicitaron una serie de encuentros en la ciudad de Buenos Aires y otras en diferentes distritos, por el carácter interjurisdiccional de las cuencas hídricas. Ferraro argumentó que el 36% del territorio continental tiene como fuente hídrica el deshielo glaciar, mientras que el bonaerense Juan Grabois (Unión por la Patria) pidió garantizar el traslado a las provincias para que puedan intervenir comunidades afectadas que no tengan acceso a Internet.
A ello, el santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) contraofertó una sola audiencia pública el 25 de marzo, con cinco minutos de intervención por exponente. Con el transcurso del debate, el diputado oficialista cedió y propuso dos encuentros, uno presencial el 25 de marzo en la ciudad de Buenos Aires y el otro abierto a la participación en plataformas el 26 de marzo, con reuniones de comisiones conjuntas posteriores para dictaminar. A pesar de ello, advirtió que "el tiempo es finito".
El plenario en el que participó la Comisión de Recursos Naturales ocurre un día después de la suspensión de una actividad que iba a tener lugar en el mismo espacio, con el objetivo de revisar los fondos para prevención de incendios en la provincia de Chubut. "Evitan dar la cara por los incumplimientos del Gobierno en la prevención y combate contra el fuego, precarizan a los brigadistas, retienen fondos que deben enviar a los bomberos y apuran la entrega de los Glaciares", criticó la rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria).
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