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En Argentina solemos decir que la universidad pública es gratuita. Pero no lo es. Simplemente por que la gratuidad no existe, siempre alguien paga. La pregunta es quién.Cuando el Estado financia el 100% del costo universitario, ese gasto se cubre con impuestos. Y una parte importante de la recaudación proviene de tributos al consumo, que pagan todos, incluidos los hogares de menores ingresos. Entonces, la universidad no es gratis, está subsidiada por el conjunto de la sociedad.
El problema aparece cuando miramos quiénes reciben este subsidio. La composición socioeconómica del estudiantado muestra que el 37,7% pertenece a los dos quintiles de mayores ingresos, un 20,4% al quintil medio y un 41,9% a los quintiles de menores ingresos. Es decir, más de un tercio de los alumnos proviene de hogares con capacidad contributiva significativa. Sin embargo, reciben el mismo subsidio que quienes no podrían pagar. Ahí es donde el debate debiera cambiar de eje.
La discusión universitaria suele presentarse como un problema de falta de recursos. Pero la cuestión de fondo no es sólo cuánto se gasta, sino cómo se asigna. Cuando un sistema subsidia de manera idéntica a estudiantes con realidades económicas muy distintas, el problema deja de ser presupuestario y pasa a ser distributivo. No es solo un problema de financiamiento. Es un problema de diseño.
Durante años se asumió que tratar a todos por igual era sinónimo de justicia. Pero la equidad no consiste en aplicar el mismo criterio a situaciones desiguales. Dar exactamente lo mismo a quienes parten de lugares distintos puede sonar igualitario, pero suele ser injusto.
Si el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades, el financiamiento debiera de reconocer las diferencias reales de capacidad económica. Un esquema progresivo (gratuidad plena para quienes la necesitan, contribución parcial para ingresos medios y aporte completo para quienes pueden afrontarlo por ejemplo) mantendría el acceso garantizado y distribuiría de manera más razonable el esfuerzo colectivo. Más del 60% del estudiantado seguiría recibiendo un subsidio total o parcial.
Además, el sistema depende casi exclusivamente del Tesoro Nacional y se organiza en gran medida por criterios históricos. La asignación de recursos no está vinculada de manera consistente a resultados como graduación, duración efectiva de las carreras o inserción laboral. Aumentar el presupuesto no reemplaza la discusión sobre cómo se usa.
Defender la universidad pública es fundamental. Pero proteger su financiamiento también. Pero evitar la discusión sobre su diseño distributivo no la fortalece, la vuelve más vulnerable. La gratuidad irrestricta puede ser una consigna potente. Pero si se financia con impuestos que pagan también los sectores más pobres para sostener a quienes podrían contribuir, el resultado no es equitativo. Porque la gratuidad no existe. Siempre alguien paga. Y cómo se distribuye esa carga es una decisión política que merece ser discutida.
Lucía Zaragoza y Gastón Kelly Grinner son investigadores y analistas de la Fundación Libertad y Progreso.
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