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Hay un triángulo crucial que ordena el mundo, cuyos vértices son el poder, la moral y el derecho. La modernidad ha sido una tentativa continua de encontrar principios morales capaces de encauzar la vida de los hombres por sendas “buenas” y poner freno a sus actividades más malévolas, sin necesidad de referencia al más allá. La construcción de una ética laica, basada en última instancia en la sacralidad de la vida, ha sido desafiada por muchas dinámicas surgidas del seno mismo de la modernidad.
Frente a estas dificultades, las normas, a pesar —o quizás a raíz— de su proliferación, han quedado expuestas a múltiples brechas, tanto a nivel interno como, sobre todo, internacional. Las agresiones militares ilegítimas, como la sufrida por Irán en estos días, son quizás los ejemplos más peligrosos de estas brechas; el asesinato de los manifestantes en las calles iraníes no lo es menos, por no mencionar la muerte por congelamiento de neonatos en Gaza.
El poder bruto es arbitrario y violento. Puede parecer un útil compañero de ruta en ciertos pasajes angostos de la historia —máxime en circunstancias de cambios de régimen violentos—, pero siempre vuelve a cobrar su precio, en forma de ira, odio, venganza y desesperación.
Conviene recordar, sin embargo, que nunca existió una dicotomía entre el rules-based order y la política de poder, como los confusos debates actuales parecen sugerir, sino más bien una ambigua coexistencia. Hubo, y todavía hay, ocasiones en las que ambos métodos no fueron alternativos, sino que el poder actuó por medio de la ley, tanto interna como internacionalmente.
El ejemplo extremo es Adolf Hitler, que no fue sólo un transgresor de normas internacionales, sino que transformó el derecho alemán en un instrumento de exclusión y acoso. Si la persecución de los judíos comenzó con medidas extrajudiciales, como la quema de libros, se consolidó mediante normas cuyos pilares —la Ley de ciudadanía del Reich y la Ley para la protección de la sangre y el honor alemanes— fueron regularmente aprobados por lo que quedaba del parlamento.
Tampoco la existencia de un marco legal fue —ni es— garantía, por sí misma, de su cumplimiento. Como lo expresó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la reunión de Davos en enero pasado: “Sabíamos […] que el relato de ese orden internacional basado en reglas era sólo parcialmente cierto: los más poderosos tendían a eximirse cuando les convenía y las normas comerciales se aplicaban de manera desigual. También sabíamos que el derecho internacional se hacía valer con distinto rigor según la identidad del acusado o de la víctima”.
Recordemos, entre los muchos casos posibles —ya que el país ha vuelto, tristemente, a ocupar los titulares—, el golpe de estado en Irán en 1953. A comienzos de los años cincuenta, la Corte Internacional de Justicia desestimó la apelación presentada por el gobierno británico, en nombre de la Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), contra la nacionalización de los recursos petrolíferos decidida por el gobierno de Mohammad Mossadeq, tras una larga disputa sobre las modalidades de explotación.
El afán modernizador de Mossadeq se encontraba atrapado entre el autoritarismo de su predecesor y opositor, el shah Reza Pahlavi, y el fundamentalismo religioso de los ayatolás. Mientras el nuevo líder viajaba a La Haya para defender a su gobierno ante la Corte, Gran Bretaña presionaba a los Estados Unidos para promover su destitución, solicitud a la que finalmente éste accedió, siempre y cuando la AIOC aceptara compartir los recursos petrolíferos del país con otras empresas, entre ellas las suyas.
¿A qué viene esta digresión? Viene a reclamar una actitud digna por parte de quienes tienen el privilegio de no encontrarse directamente bajo una agresión violenta y ostentan el respeto por las leyes, mientras permanecen como mansos observadores de las barbaridades de los atacantes.
No se trata sólo de ayudar al más débil, sino de saber y querer “hablar franco” al más poderoso, para que nunca se pierda el hilo conductor de una senda “civilizatoria” universal que el derecho internacional, por medio de algunas reglas básicas, ha tratado con gran esfuerzo de hacer prevalecer.
Invocar ese principio sólo cuando conviene, como hace Rusia ahora, suena hipócrita, sin duda. Pero todavía más estridente resulta el silencio sobre el rules-based order en las declaraciones conjuntas de los gobiernos francés, alemán y británico, así como aquellas de los presidentes del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea, ya que el orden basado en reglas había sido proclamado por mucho tiempo inscrito en el ADN de su política exterior.
Los tres países europeos, al condenar “en la forma más enérgica los ataques iraníes a los países de la región”, sin hacer mención de las agresiones que los originaron, revelan una autocensura que los desprestigia profundamente: lejos de representar un homenaje al realismo, señalan su subordinación voluntaria al actual hegemón mundial.
Mientras tanto, durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido tras la cadena reciente de ataques y represalias, el representante de los Estados Unidos, Mike Waltz, informó a los oyentes, sin asomo de ironía alguna: “Este es un momento en la historia que demanda claridad moral”. Ojalá el pueblo iraní, junto con el venezolano, pudiera contar con protagonistas, tanto en la escena interna como en la internacional, capaces de expresar esa claridad en los dichos y en los hechos.
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