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El cierre de FATE se ha convertido en el conflicto laboral más duro con el que haya tenido que lidiar Javier Milei. Luego de acusar el domingo al dueño de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, de arrojar a la calle a los trabajadores para presionar por beneficios, su gobierno tendrá que tomar decisiones cruciales en las próximas horas, entre ellas si extiende o no la conciliación obligatoria que vence este miércoles.
La tercera audiencia tendrá lugar en un clima de máxima tensión: después del fracaso de las negociaciones de la semana pasada, el sindicato del neumático (SUTNA) anunció en las últimas horas una movilización a Trabajo para el miércoles y un paro total por 24 horas en todas las fábricas de neumáticos, incluyendo a la italiana Pirelli y la japonesa Bridgestone Firestone.
Fuentes oficiales informaron que las partes siguen negociando "en privado" y que por ahora no están alentando una extensión de la conciliación obligatoria. La empresa, en tanto, no hizo comentarios, aunque viene sosteniendo que mantiene su plan de cerrar la planta ubicada en San Fernando y que no tiene el control operativo del establecimiento, pese a la presencia de personal de seguridad privada.
FATE es una empresa de capitales argentinos que fabrica y exporta neumáticos, con más de 80 años y una capacidad de producción de 5 millones de cubiertas por año. Sin embargo, el 18 de febrero anunció su cierre definitivo y 920 despidos por la caída del consumo, la apertura de importaciones y la conflictividad laboral, ante lo cual los trabajadores iniciaron una permanencia y el gobierno dictó la conciliación por 15 días.
En un comunicado, el gremio justificó la medida de fuerza anunciada el martes en que "las patronales han hostigado a los trabajadores, atentando contra las fuentes de trabajo, las condiciones laborales y salariales en todo el gremio, y resaltando la actitud ilegal de la empresa FATE quien viene llevando adelante un lock out patronal desde el día 18 de febrero".
La organización sindical liderada por la izquierda desde 2016 detalló que el paro se realizará desde el miércoles a partir de las 6 de la mañana hasta el jueves a la misma hora "en todas las fábricas del territorio nacional, a excepción de la fábrica FATE", donde los trabajadores permanecen dentro de las instalaciones desde hace casi dos semanas en reclamo por sus puestos de trabajo.
En una asamblea llevada a cabo el martes en la planta, el SUTNA votó realizar una presentación judicial para exigir a Madanes Quintanilla el funcionamiento de inmediato la fábrica, retomando a todos los trabajadores. El gremio considera que la empresa incumple el acuerdo firmado en mayo del año pasado, por el cual quedó eximida del pago de aportes a cambio de no realizar ningún despido hasta julio de 2026.
El Gobierno concedió los beneficios después de un duro conflicto salarial que derivó en 97 despidos en 2024. Luego, según fuentes con conocimiento de la empresa, la planta pasó a funcionar al 30% de su capacidad y producir 150.000 cubiertas por mes, con aparentes pérdidas de entre US$ 2 y US$ 3 millones por mes. En ese marco, FATE dio por terminado el acuerdo ante Trabajo a principios de febrero.
Sin aumentos salariales desde hace 14 meses, el gremio sospecha que el cierre -en vísperas del tratamiento de la reforma laboral- apunta a modificar el convenio de trabajo, como en 1991, y definió que solicitará la "ocupación temporánea", que permite al Estado tomar el control del directorio en casos de emergencia. Su argumento es que FATE es la única productora de cubiertas radiales para camión y ómnibus del país.
En la última audiencia convocada por Trabajo, la empresa pidió el desalojo de la planta y el SUTNA condicionó el abandono de la fábrica a la reincorporación de los empleados. En paralelo, la Provincia convocó a una reunión la semana pasada, donde le preguntó en dos ocasiones a la firma qué podía aportar para evitar el cierre, sin respuesta por parte de sus abogados.
El Presidente se involucró en el conflicto el domingo, cuando volvió a apuntar contra el dueño de FATE. Durante la apertura de sesiones del Congreso, cuestionó a los "empresarios prebendarios" y denunció "la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle, mientras se negocia la protección para el sector del aluminio", en referencia a la medida antidumping que el gobierno le rechazó al grupo Aluar, de Madanes.
Luis Caputo retomó el tema este martes y dijo que es "inmoral" que él como ministro de Economía defina que las cubiertas le cuesten a los consumidores "tres o cuatro veces más caras". También minimizó las críticas por la apertura de las importaciones y su impacto en la industria, donde se aproxima el vencimiento de 56 medidas de protección. "Entraron cuatro gomas chinas y cerraron", señaló.
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