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Aprobada la reforma laboral, empresas de consumo masivo insisten ahora con la baja de impuestos. Fabricantes de alimentos y supermercados apuntaron contra las tasas municipales que subieron intendentes bonaerenses en los últimos meses y le pidieron al Gobierno que acelere la reforma tributaria para ponerle un freno y que así se abaraten los productos que venden.
La Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (Copal) –cámara que nuclea a las principales alimenticias del país– insistió en que se avance con una reforma que alivie la presión fiscal y revise el peso de las tasas municipales.
“Valoramos la iniciativa del Gobierno de transparentar las tasas municipales a través del nuevo portal oficial de Transparencia Tributaria. Avanzar en previsibilidad y claridad fiscal es un paso positivo”, señaló la entidad sobre el mapa de consulta pública y el canal de denuncia de “excesos” que se pusieron a disposición a través del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.
Y agregó que espera “que contribuya a sumar esfuerzos hacia un régimen de transparencia, la reducción de la presión fiscal y la simplificación en todos los niveles de gobierno”.
Por su parte, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) –que agrupa a las principales cadenas– consideró “auspiciosa” la medida del Gobierno y sumó que la iniciativa legislativa de reforma fiscal nacional debe ineludiblemente tener su réplica en la morigeración y desaparición de tributos subnacionales, es decir impuestos provinciales (especialmente Ingresos Brutos) y tasas municipales.
“Poner en conocimiento de la ciudadanía la incidencia de los mismos es parte del camino para obtener ese objetivo en cada provincia y municipio”, consideró luego de que el año pasado los supermercados llevaron a la Corte un caso.
Según Copal, los impuestos representan 38,8% del precio final de los alimentos, mientras que el otro 61,2% corresponde a la estructura de costos y rentabilidad. Los impuestos que tienen incidencia en el valor que paga el consumidor son el IVA (12,3%), las contribuciones a la seguridad social (9,8%), Ingresos Brutos (8,4%), Ganancias (4,5%), Impuesto al cheque (2%) y tasas municipales (1,8%).
En bebidas, el peso de los impuestos es aún mayor: significan 42,7%, mientras que el 52,8% restante son costos y rentabilidad, según Copal. El desglose incluye IVA (16,78%), aportes a la seguridad social (9,09%), Ingresos Brutos (7,59%), Ganancias (7,09%), Impuestos Internos (3,20%), Impuesto al cheque (1,8%) y tasas municipales (1,70%).
Cabe aclarar que en las bebidas alcohólicas continúa vigente el impuesto interno, que se eliminó para otros bienes con el capítulo fiscal de la reforma laboral, pero se sigue aplicando en este caso.
Una de las tasas más cuestionadas por el sector es la de Inspección, Seguridad e Higiene, que recientemente generó polémica con la suba que aplicó el intendente de Pilar, Federico Achával, que llevó a supermercados del municipio a subir los precios, en su rol de agentes de percepción.
Al respecto, Copal advirtió que debe guardar relación con los servicios efectivamente prestados por los municipios, un punto que explican que en la práctica no se cumple porque argumentan que no tienen una razonable proporcionalidad con su costo y que muchas veces no hay una contraprestación.
“Se generalizó su determinación en función de las ventas, lo que genera montos que exceden ampliamente el costo del servicio y la convierten en una importante fuente de recaudación”, explicó, y comparó que iguala en recaudación a los derechos de importación y supera a los impuestos inmobiliarios provinciales.
A su vez, apuntó contra las “aduanas interiores” que aplican los intendentes, con tasas por introducción de mercadería en municipios, y y la superposición de controles. “Los municipios pueden realizar controles en los puntos de venta, pero no en el tránsito de los productos alimenticios, y se duplican competencias. El Código Alimentario Argentino y sus reglamentaciones ya establecen normas para ello”, resaltó.
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