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La difusión de fotos y videos en los que Juan Pablo Beacon aparece contando y registrando miles de dólares en efectivo profundizó la investigación judicial sobre el circuito de dinero que operaba en la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino.
El material, revelado en una investigación periodística de La Nación, muestra a Beacon en una oficina del centro porteño manipulando fajos de billetes estadounidenses y asentando montos en planillas, en operaciones que superaban los 100.000 dólares por jornada.
La causa no sólo apunta al movimiento de efectivo, sino también al entramado societario y político que rodeó durante años a uno de los hombres más cercanos a Pablo Toviggino, dirigente con fuerte influencia en el fútbol del interior y estrecho colaborador del presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Cordobés de nacimiento y viedmense por adopción, Beacon es hijo de Alberto Beacon, histórico dirigente de la Liga Rionegrina de Fútbol. Se formó como abogado y desarrolló su actividad profesional en Viedma, donde también tuvo participación en la administración pública.
Fue presidente de la Federación Patagónica de Fútbol y desde allí dio el salto al Consejo Federal del Fútbol Argentino, el organismo que organiza y supervisa los torneos del interior del país.
En el Consejo Federal trabajó en el área de asesoría legal cuando Toviggino ejercía la presidencia ejecutiva. Según reconstrucciones periodísticas, su rol era técnico-formal, pero con una relación directa y cotidiana con el actual tesorero de AFA.
En 2011 fue candidato a intendente de Viedma por Afirmación para una República Igualitaria (ARI), la fuerza que fundó Elisa Carrió. Obtuvo 871 votos y quedó en tercer lugar, lejos de los 11.235 votos de la Alianza Concertación para el Desarrollo.
Un año más tarde se incorporó como asesor legal de la empresa estatal Vial Rionegrina Sociedad del Estado (ViaRSE), cargo que dejó al poco tiempo en medio de un episodio vinculado a la desaparición de una chequera que estaba bajo su custodia, según trascendió entonces.
El video que disparó el escándalo muestra a Beacon contando más de US$ 115.000 en una oficina ubicada en la calle Lavalle al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires. En las imágenes se lo escucha detallar montos y preparar el dinero para su traslado.
El circuito incluía la obtención de dólares en financieras del microcentro porteño, su traslado a la oficina donde Beacon realizaba el conteo y luego la entrega a destinos vinculados a Toviggino. En mensajes incorporados al expediente aparecen instrucciones para llevar dinero a determinados lugares, incluso fuera del país.
La documentación secuestrada también incluye anotaciones manuscritas y registros de movimientos que, en algunos casos, superaban los 800.000 dólares en una semana. La Justicia analiza el origen de esos fondos y si existió omisión impositiva, lavado de activos o irregularidades administrativas.
Uno de los ejes centrales del expediente que involucra a Beacon es su participación en Malte SRL, firma de la que fue socio y que facturó servicios a la AFA. Entre las prestaciones registradas figuran provisiones realizadas durante la pandemia, incluyendo la venta de test de coronavirus.
Se busca determinar si hubo conflicto de intereses, dado que Beacon tenía intervención en estructuras vinculadas al Consejo Federal y, al mismo tiempo, participaba de una empresa que contrataba con la entidad del fútbol argentino.
Además, apareció vinculado como beneficiario final de Recomi SA, que también emitió facturas por servicios de asesoramiento a la AFA. Los montos, la frecuencia de pagos y la naturaleza de los trabajos declarados forman parte del análisis contable que se desarrolla en la causa.
La relación entre Beacon y Toviggino se quebró en 2025 en medio de acusaciones cruzadas. Desde entonces, el ex asesor dejó de tener presencia en el esquema dirigencial.
El expediente judicial incluye pedidos de levantamiento del secreto fiscal y bancario, análisis de movimientos financieros y revisión de contrataciones. El foco está puesto tanto en el manejo de efectivo como en el posible direccionamiento de contratos y la superposición de roles entre funciones institucionales y negocios privados.
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