En poco más de dos años de gestión, el Gobierno porteño restituyó más de 600 inmuebles ocupados ilegalmente, reforzó los operativos de desalojo y avanzó con una política de control territorial y defensa de la propiedad privada.
La Ciudad de Buenos Aires profundizó los operativos de desalojo y restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, en el marco de una política de orden urbano y seguridad.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó este sábado en la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente y ya devolvió más de 600 propiedades a sus dueños, en el marco de una política sostenida de orden, seguridad y defensa de la propiedad privada. Según cifras oficiales, los inmuebles restituidos representan un valor estimado de 300 millones de dólares.
Desde la administración porteña señalaron que los operativos se enmarcan en una decisión política impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, con el objetivo de terminar con las usurpaciones, ordenar el espacio público y dar respuesta a reclamos vecinales que, en muchos casos, se arrastraban desde hace décadas.
Uno de los últimos procedimientos se realizó en un edificio ubicado en Tucumán 2583, en el barrio de Balvanera. Allí, un inmueble de planta baja y dos pisos —donde funcionaba un antiguo hotel familiar— había sido usurpado desde 2014 y presentaba riesgo estructural y condiciones de habitabilidad deficientes.
El jefe de Gobierno Jorge Macri supervisó uno de los últimos operativos en Balvanera y aseguró que la Ciudad mantendrá una línea inflexible frente a las usurpaciones.
El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad, junto con personal de Emergencias, Guardia de Auxilio y la Red de Atención, y permitió devolver la posesión al propietario, Omar González, de 72 años, quien había solicitado la intervención del Gobierno porteño mediante una carta enviada en enero de este año. Un mes después, el inmueble fue restituido tras más de 12 años de ocupación ilegal.
Al supervisar el operativo, Jorge Macri aseguró que la Ciudad mantendrá una línea inflexible frente a las usurpaciones. “No vamos a descansar hasta devolver la última propiedad tomada. Lo que es de alguien, se le devuelve. No hay margen para la ilegalidad”, afirmó.
El jefe de Gobierno remarcó además que su gestión no permitirá que se consoliden situaciones de ocupación permanente y sostuvo que “la ley no se negocia”, en referencia a la política de seguridad urbana y control territorial.
Desde el Ejecutivo porteño explicaron que la estrategia combina operativos de desalojo, seguimiento territorial y recepción de denuncias vecinales, a través de reuniones periódicas que mantiene el jefe de Gobierno con vecinos en distintos barrios.
Una vez liberados los inmuebles, las propiedades son entregadas a sus dueños, se aseguran con cerramientos cuando es necesario y quedan bajo custodia policial, con patrullajes durante las 24 horas para evitar nuevas intrusiones.
Entre las propiedades restituidas se destacan edificios de alto valor histórico y urbano, como la Casa Blaquier en el casco histórico, la denominada “Casona” de Costanera Sur, un inmueble patrimonial en Tucumán al 1700 diseñado por Arturo Prins, y espacios ocupados durante más de 30, 40 y hasta 50 años.
También fueron desalojados ex hoteles utilizados como aguantaderos o vinculados a actividades ilegales en barrios como Constitución, San Telmo y Flores, así como viviendas particulares que generaban conflictos prolongados en zonas residenciales.
En cuanto a la distribución geográfica, Balvanera encabeza el ranking de barrios con más desalojos realizados, seguido por La Boca, Almagro, Constitución y Barracas, según datos oficiales de la Ciudad.
Algunas de las propiedades recuperadas fueron destinadas a proyectos sociales, familiares o comerciales, como centros de inclusión, ampliaciones de comercios barriales o desarrollos residenciales, en un proceso que, según el Gobierno porteño, apunta a reintegrar estos espacios a la vida urbana formal.
Desde la Ciudad aseguraron que la política de recuperación de inmuebles continuará durante el resto de la gestión, con el objetivo de reducir focos de conflicto, mejorar la seguridad y garantizar el respeto por la propiedad privada.
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