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Un pedido de acceso a la información pública sobre el nivel de actividad de los consejeros generó tensión con el bloque kirchnerista en la última reunión del Consejo de la Magistratura de la Nación. El diputado K Rodolfo Tailhade para tratar de que no se responda al pedido incluso llegó a proponer cerrar la Unidad de Información Pública del organismo en contra de lo que dispone la ley de Acceso a la Información Pública
El pedido de un particular apunta a conocer el desempeño de los consejeros entre 2023 y 2025 en materia de cobertura de vacantes judiciales. En la solicitud se requirió información detallada sobre llamados a concursos, cantidad de inscriptos y postulantes, pruebas de oposición, dictámenes, ternas aprobadas, sesiones realizadas y tiempos de tramitación por etapa.
Además se pidió especificar, por cada consejero, cuántos concursos y vacantes tienen asignados, las fechas de vencimiento, los días transcurridos sin movimiento y los motivos de las demoras. El requerimiento incluye datos sobre calificación de antecedentes, resolución de impugnaciones, entrevistas personales, informes producidos y concursos aprobados por el Plenario.
La solicitud sobre el estado de las vacantes recae sobre los miembros de la Comisión de Selección que sí integran Vanesa Siley y César Grau, que acompañan al diputado K en el bloque. La incomodidad del bloque se entiende cómo un gesto de poco apego a informar sobre sus propias tareas a lo largo de los últimos 3 años lo cual evidenciaría demoras en sus labores que llevan a que hoy exista casi un 50% de vacantes en la Justicia Federal y Nacional.
El pedido se enmarca en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que obliga al Consejo de la Magistratura —como sujeto alcanzado— a garantizar el acceso a la información. En este marco, se establece la existencia de una unidad interna para tramitar solicitudes y se prevé un órgano, la Agencia de Acceso a la Información Pública, para resolver reclamos.
En la última reunión de la Comisión de Acusación, el consejero kirchnerista Rodolfo Tailhade señaló que “hay una indeterminación en el Consejo respecto de los pedidos de acceso a la información pública en el Consejo. Hace un año aprobamos la prórroga de la designación del Dr. Gómez Diez (titular de la Agencia), no sé por qué se tramitan los pedidos de AIP a través de la secretaría o dirección de gobierno abierto. ¿Por qué algunas te manda Gómez Diez y otras esta oficina?”. Tailhade habló de otro pedido presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que tiene a Ezequiel Nino como asesor.
Y continuó el diputado ultra K: “Lo que está pasando es irregular. Eligen determinado perfil de presentación si va para allá o para acá. Cerremos la oficina de AIP, cortemos con la nómina salarial de esa oficina si no la usan. Esto es una queja que es transversal al Consejo”.
Fuentes de la Magistratura afirmaron que el consejero Tailhade desconoce la estructura del propio organismo en el cual trabaja ya que confunde las atribuciones de la Agencia y la Unidad de Acceso a la Información, como sucede en el Gobierno.
Estas afirmaciones de concretarse terminarían convirtiéndose en "una barrera al acceso ciudadano a la información ya que todas las presentaciones ingresan ante la Unidad y sólo los reclamos son los que van a la Agencia, no existiendo ningún tipo de filtro según quien sea el peticionante", agregaron las fuentes. Por lo cual no queda claro los motivos de Tailhade de manifestar que “es una queja transversal al Consejo”.
Asimismo desde esta posición, Tailhade hizo una afirmación gravísima pidiendo “cortar la nómina” de trabajadores de la oficina “si no la usan”. Este discurso buscó correr el foco de lo que realmente importa que es conocer el estado de situación de la cobertura de vacantes y la labor de los consejeros.
No fue sólo Tailhade quien expuso su poco apego a la transparencia, también lo evidenció el representante kirchnerista de los abogados César Grau, quién coincidió con el diputado en que “el presentante tiene que justificar por qué necesita o quiere acceder a cada expediente” y “se demuestre el interés legítimo en el acceso”. Ambos desconocen que el artículo 4° de la Ley 27.275 es explícito: “Toda persona tiene derecho a solicitar información pública sin necesidad de acreditar interés legítimo, motivar el pedido ni contar con patrocinio letrado”.
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