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Había una vez un país centroamericano, “pura vida”, todo un ejemplo para América Latina. Cuando en las décadas de 1960 y 1970 florecían las dictaduras militares y solo en cuatro países había democracia, Costa Rica era uno de ellos y durante un tiempo encabezó, aún sigue allí pese a los cambios, varios índices internacionales.
Es el caso del Índice de Desarrollo Humano (7º de América Latina), del Índice de democracia de The Economist (es con Uruguay una de las dos democracias plenas de la región aunque bajó al puesto 18 mundial) o del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (solo detrás de Uruguay y Chile, pese a bajar dos puntos y estar en el puesto 56, una zona donde suenan las alarmas, se relajan los contrapesos institucionales y el poder político es menos propicio al control de otras instituciones.
A partir de 1948, con José Figueres de presidente, se abolió el Ejército, contando solo con las fuerzas policiales para garantizar el orden público y la seguridad interior. Desde fechas tempranas se desarrollaron sólidas instituciones electorales, para garantizar la transparencia de los comicios, convertidas en modelo de muchos países.
Su sistema bipartidista, asentado en el Partido Liberación Nacional (PLN), social demócrata, y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) garantizó la alternancia, la estabilidad y un cierto relevo en las elites. Ello no evitó las críticas de los partidos menores que se sentían excluidos y carentes de representación institucional.
Sin embargo, la felicidad no es eterna y hasta en el paraíso de la biodiversidad emergieron, al cambiar el siglo, señas de inestabilidad. En 2002, si bien Abel Pacheco fue electo bajo las siglas del PUSC, se aceleró el declive del bipartidismo y llegaron los primeros signos de deriva populista. El mal gobierno, las promesas políticas incumplidas, la corrupción y el deterioro del sistema de partidos fueron acompañadas del aumento de la inseguridad y del impacto del narcotráfico y el crimen organizado. La dictadura nicaragüense de Ortega – Murillo y su secuela represiva aceleraron el flujo migratorio hacia Costa Rica.
Al margen de los partidos tradicionales emergieron otros, como el Partido Acción Ciudadana (PAC), en el poder entre 2014 y 2022, pero las nuevas opciones tampoco fueron capaces de responder a las demandas sociales. Éste fue el caldo de cultivo para que el populismo, encarnado en Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, se hiciera con el gobierno en 2022 e intentara desmantelar a las instituciones democráticas y a muchos órganos intermedios de control, al socaire de un proyecto autoritario y caudillista.
Costa Rica celebró las primeras elecciones presidenciales del continente en 2026, con un contundente triunfo oficialista. Como Chaves no podía ser reelecto, su Partido del Pueblo Soberano presentó a la exministra Laura Fernández que obtuvo el 48,5% de los votos. Su triunfó provocó anuncios de preocupación sobre el futuro inmediato de Costa Rica, con resonancias en América Latina. Es un síntoma de lo que puede llegar y de lo que puede ir mal, aunque simultáneamente hay evidencias de resiliencia democrática, según la expresión del Latinobarómetro, una buena noticia cuando éstas no abundan.
Entre las señales negativas está la persistencia del populismo, en sintonía con el trumpismo y otras expresiones ultraconservadoras, la bukelización de la seguridad interior y la mano dura contra el delito, incluyendo una mega cárcel al estilo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño. Otro eje de la campaña fue la satanización de los inmigrantes. Tras la proliferación de haitianos y venezolanos, los migrantes latinoamericanos se convirtieron en un gran problema para las sociedades receptoras, en Costa Rica centrado en los nicaragüenses.
Chaves ha atacado las normas, la separación de poderes y las instituciones. Al nombrar a la presidenta electa como ministra de la Presidencia para garantizar una transición eficaz, si bien luego tomó vacaciones, y al proponerse para ocupar el mismo cargo en el nuevo gabinete, mostró su desprecio por las leyes y las formas.
Pese a su mayoría absoluta en el nuevo Parlamento, 31 de 57 diputados, el oficialismo carece de mayoría cualificada (2/3). Este resultado, posible gracias a la dispersión de la oferta partidaria, permitirá a sus diputados impulsar las reformas que solo requieran del 51% de los escaños, como las de seguridad.
De todos modos, al estar a siete diputados de los 2/3 deberán negociar las reformas constitucionales, como la reelección consecutiva, la subida de impuestos, la elección de magistrados del Tribunal Supremo y de otros cargos estratégicos, la suspensión de derechos y garantías o la convocatoria de referendos.
A diferencia del período anterior donde el oficialismo pese a estar en minoría pudo comprar algunas voluntades, esta vez le será más complicado. Pese al mal resultado opositor el futuro está abierto. Con el precedente del gobierno de Chaves y los muchos problemas pendientes, nadie garantiza que la gestión de Fernández sea eficaz y más si está bajo la tutela del futuro expresidente.
Si la oposición quiere ser alternativa deberá unirse, generar un liderazgo que encarne el deseo de cambio de la sociedad y elaborar un relato transformador. América Latina debería estar muy pendiente de lo que pase en Costa Rica.
Carlos Malamud es Catedrático de Historia de América de la UNED, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, España
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