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El Senado debate este jueves cambios en la "Ley de Glaciares" (Ley 26.639), una norma sancionada en 2010 que fija presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, pero que nunca se llegó a reglamentar por completo.
El vacío jurídico y abierto a interpretaciones trabó avances de la minería, principalmente de cobre, y es lo que busca corregir el Gobierno para desatar el potencial de uno de los motores que imagina el equipo de Javier Milei para el modelo económico a largo plazo de la Argentina, con inversiones por más de 40.000 millones de dólares y exportaciones que se podrían quintuplicar en una década.
En la vereda de enfrente, las organizaciones ambientalistas rechazan los cambios y postulan que el país pondrá en riesgo sus reservas de agua dulce.
El impulso formal nació de las provincias que integran mesas sobre litio y cobre (Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza), cuyos gobernadores pidieron “claridad y precisión” en la normativa.
Fundamentalmente quieren que se aplique el federalismo y que sean ellos, en tanto dueños de los recursos -según lo establece la Constitución Nacional- los que tengan mayor poder en la evaluación ambiental de los proyectos.
El eje de la discusión gira sobre el alcance de las zonas protegidas. La ley vigente prohíbe actividades que puedan afectar glaciares y áreas periglaciares, definidas como aquellas que funcionan como reguladoras del recurso hídrico. En la práctica, la delimitación de esas áreas quedó sujeta a estudios técnicos y a interpretaciones que, según las empresas, generaron "inseguridad jurídica" y frenaron iniciativas.
El proyecto oficial propone precisar esa definición y acotar el concepto de ambiente periglacial a zonas con hielo permanente o funciones hídricas comprobadas. El objetivo es evitar que extensiones amplias de la Cordillera de los Andes queden virtualmente vedadas a cualquier desarrollo productivo.
Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), "desde la sanción de la Ley de Glaciares las inversiones en la Cordillera de los Andes se redujeron notablemente".
"La afirmación de que las exportaciones fueron superiores a partir de la Ley de Glaciares demuestra desconocimiento sobre los procesos y los tiempos de desarrollo de la industria minera. Un proyecto minero tiene un promedio de unos 10 años desde el comienzo de la exploración hasta que está plenamente exportando", aseguraron.
Y remarcaron que "el crecimiento de las exportaciones mineras desde 2010 se debe a las inversiones realizadas en el período previo, cuando la ley aún no existía".
La CAEM planteó que como resultado de la ley y del contexto de incertidumbre en Argentina:
Solamente en cobre, los principales proyectos prometen inversiones por casi 40.000 millones de dólares, la mayoría durante los próximos 10 años:
Las provincias mineras sostienen que una reglamentación más precisa permitiría acelerar estudios de impacto, dar previsibilidad jurídica y cerrar esquemas de financiamiento internacional. En un sector intensivo en capital, donde las decisiones de inversión se planifican a 20 o 30 años, la seguridad normativa es clave para competir con Chile o Perú.
La discusión sobre la Ley de Glaciares se vincula directamente con la posibilidad de generar divisas, empleo y encadenamientos de proveedores locales.
Del otro lado, organizaciones ambientales y sectores de la oposición advierten que cualquier flexibilización podría poner en riesgo reservas de agua dulce en un escenario de cambio climático y retroceso glaciar.
Los glaciares son fuentes estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura y la generación hidroeléctrica. Un estudio de Vicuña en la previa a comenzar la construcción de la mina Josemaría encontró que sin actividad minera desde 1976 a 2024 se perdió el 90% de la superficie de agua congelada en la alta montaña de San Juan, presuntamente por los efectos del cambio climático.
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