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Si no hay sorpresas, el Gobierno conseguirá este jueves dos victorias importantes. La Argentina será el primer país de la región junto con Uruguay en ratificar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). En la misma sesión, un día antes de sancionar la reforma laboral y la ley penal juvenil, el oficialismo intentará darle media sanción en la Cámara Alta a la nueva ley de Glaciares.
En la Rosada consignan que las dos normas son complementarias; la oposición -al igual que con la ley laboral- se abraza a los argumentos jurídicos y hablan de dumping ambiental. Una comitiva de gobernadores y dirigentes del oficialismo viajará a Canadá a principios de la semana que viene para mostrar resultados y atraer inversiones.
En la mesa política de Javier Milei están tranquilos con los votos para ambas normas, que contarán con apoyos de sectores del peronismo, incluso de legisladores que todavía comparten bloque con el kirchnerismo. Lo mismo ocurrirá con la ley penal juvenil.
Diego Santilli se trasladó temprano al Senado como en las últimas votaciones del Congreso. El ministro del Interior celebró ambas iniciativas. El acuerdo Mercosur–Unión Europea es clave para la Argentina porque vamos a poder acceder a un mercado que integran 450 millones de personas. Y va en línea con la enorme gestión del Presidente Javier Milei para continuar este camino de insertar a la Argentina en el mundo”, dijo sobre el acuerdo entre los bloques comerciales que tardó dos décadas en concretarse y que el Parlamento europeo paralizó para que lo estudie la Justicia.
En el Gobierno y en el sector minero reconocen que Alemania -punta de lanza del bloque europeo- es uno de los países más interesados en la explotación del cobre en el país.
El ministro político defendió con énfasis la modificación de la ley de glaciares sancionada en 2010 que dará más poder a las provincias para redefinir las zonas de explotación. “Hoy Argentina exporta US$ 6 mil millones en materia de minería, mientras que Chile, que está al lado y comparte la misma cordillera, exporta US$ 60 mil millones. Hay que alentar las inversiones”, sostuvo.
El titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros Roberto Cacciola señaló -como adelantó Clarín- que el sector y el Gobierno quieren llevar la media sanción de la ley de glaciares a la cumbre de PDAC de Canadá, considerada el Super Bowl de la minería.
Buena parte de los gobernadores de la mesa del litio y de la mesa del cobre irán o enviarán representantes. Funcionarios del Gobierno serán de la partida, como el viceministro de Economía, Daniel González, y el secretario de Minería, Luis Lucero. El año pasado viajaron Karina Milei y Pablo Quirno, que acompañarán días después al Presidente a una nueve cumbre con Donald Trump en Miami y a la Argentina Week, en Nueva York, junto a otros gobernadores.
El sanjuanino Marcelo Orrego suele ser un abonado para la cumbre minera de Toronto. Razones no le faltan. Su provincia concentra el 65 por ciento de la decena de proyectos del RIGI -de promoción de grandes inversiones- que se anunciaron. También son fijas Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Carlos Sadir, de Jujuy. Además participarán los vicegobernadores de Mendoza, Catamarca y La Rioja, un distrito opositor.
En el Gobierno creen que hasta las provincias que no son mineras deberían acompañarlos. “Córdoba se va a beneficiar con la industria metalmecánica”, razonan en Balcarce 50 en la misma semana en la que la cordobesa Alejandra Vigo fue confirmada como vicepresidenta tercera de la Cámara Alta.
Con menos fuerza parlamentaria, opositores y ambientalistas señalan que la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación de la ley de Glaciares (que debería ratificar Diputados) son iniciativas contradictorias.
“La reforma de glaciares va a contradecir el acuerdo que se trata en la misma sesión. Ese acuerdo dice que en su artículo 2623 que ninguna parte deberá debilitar los niveles de protección en materia laboral o ambiental para fomentar la inversión. La ley de glaciares es regresiva porque habilita a que se protejan menos glaciares y atenta contra el acuerdo con la UE y el Mercosur. El acuerdo es inconstitucional, además, porque les permite a las provincias qué se va a proteger y qué no”, dijo a Clarín Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales (FARN).
La misma entidad había reunido firmas de 100 juristas y constitucionalistas como Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez y Daniel Sabsay sobre la eventual inconstitucionalidad de la ley de glaciares.
Desde el sector minero y desde el Gobierno rechazan los argumentos de los ambientalistas como Greenpeace, que este jueves realizó una intervención performática para protestar que incluyó inodoros en las escalinatas del Congreso.
“No es regresivo el proyecto de adecuación. Por un lado, el principio de no regresión no tiene recepción legislativa en Argentina. Por otro, el acuerdo UE-Mercosur en el articulo que refieren no afecta en nada, porque no se modifica el umbral de protección. Una interpretación expansiva que promueva que todos los glaciares y ambientes periglaciares son objetos de protección sí vulneraría el acuerdo UE-Mercosur, porque significaría una regresión”, sostuvo Leonardo Rodríguez, abogado experto en industria minera.
En el Gobierno y en el sector minero cuestionan el nivel de consenso de la anterior ley de glaciares sancionada en 2010. En el gabinete incluso sugieren que ese proyecto fue financiado por el lobby chileno. Recuerdan que el proyecto de 2010 fue votado por 129 diputados sobre un total de 257 y de 35 senadores sobre un total de 72 y destacan que el proyecto de adecuación sigue el temperamento de la ley de bosque nativos, que fue acogida por todas las partes y le dio el ordenamiento a las provincias.
En Diputados, donde los gobernadores tienen menos injerencia, la discusión será más peleada. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, rechaza la tesis del Gobierno y anticipó que si el proyecto se convierte en ley podría ser judicializada.
“La modificación de la ley de glaciares es regresiva, viola el artículo 41 de la Constitución y la validez del inventario de glaciares como información. Las exportaciones mineras entre 2001 y 2009 -sin ley de glaciares- fueron de US$ 12 mil millones y en el período de 2015-2025 con ley de glaciares fueron de US$ 45 mil millones. La actual ley de glaciares no impide el desarrollo minero. Lo que afectó al sector tuvo que ver con los descalabros económicos y no contar con una institucionalidad fuerte como Chile”, dijo el titular del partido fundado por Elisa Carrió.
Al igual que con la Reforma laboral, la oposición intentará llevar el debate desde el Poder Legislativo al Judicial.
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