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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió duramente al cruce del pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que se designen veedores en el entidad madre del fútbol por presuntas irregularidades graves. A través de un comunicado que lleva la firma de su presidente Claudio "Chiqui" Tapia anticipó que irá a la Justicia para evitarlo y sostuvo que la medida es "un capricho" del Gobierno.
En un extenso documento de siete puntos, la dirigencia de la AFA le respondió a la IGJ que ayer anunció que le solicitó veedores al Ministerio de Justicia en el marco de diferentes investigaciones por corrupción en la casa del fútbol argentino.
En la práctica, el organismo a cargo de Daniel Vitolo busca recabar información que la AFA le negó a la Justicia y que se centra en el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y la revisión de las relaciones comerciales y financieras con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.
El texto difundido este mediodía por la AFA sostiene que hay una contradicción en el argumento de la IGJ de que la veeduría no implica una sanción ni interferencia en el manejo y administración de la entidad. "Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho. Y si es un capricho, lo único grave aquí es la utilización política de un organismo de control", plantea.
En ese sentido, "Chiqui" Tapia anticipó que si el Gobierno de Milei avanza con la designación de veedores, irá a la Justicia para evitarlo.
"La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley. Por eso, en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto", planteó.
"El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas", agregó.
En su defensa, la AFA negó la acusación de que no se presentaron balances desde hace más de ocho años y afirmó que los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados y se encuentran con 'vistas pendientes' de contestación. "Si hay vistas pendientes, hay un procedimiento abierto. Y si hay un procedimiento abierto, mal puede hablarse de 'irregularidades firmes'. Lo que la IGJ califica de 'grave' es, en realidad, la morosidad de sus propios empleados para resolver esas vistas", sostuvo.
La entidad reconoce que no presentó ante la IGJ el balance 2025 y lo atribuyó a su decisión de mudar su sede a la Provincia de Buenos Aires, una medida que fue cuestionada y calificada de "falsa" por el Gobierno.
"La IGJ insiste en que la sede de Pilar es "falsa" porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente", dice la AFA.
En el tramo final del documento, Tapia le pregunta a Vitolo por qué motivo presenta la veeduría como una sanción si en realidad no lo es y por qué habla de graves irregularidades si sólo esta recolectando información. "La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial", sostiene y cierra con que "el fútbol argentino es del pueblo y el pueblo no se vende".
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