Pulseada legislativa para la expansión de la actividad minera. Expectativa por nuevas inversiones, ingreso de divisas y generación de puestos de trabajo.
La Ley de Glaciares concentra la atención de Javier Milei, los gobernadores y las mineras.
Affectio societatis en el Senado entre Javier Milei y los gobernadores de la cordillera. La comunión de intereses, que ya se había vuelto palpable durante el debate por la reforma laboral -cuando la Casa Rosada aprovechó el reclamo de los mandatarios provinciales para eliminar el capitulo de rebaja del impuesto a las ganancias a las sociedades en un contexto de seis meses consecutivos de caída de la recaudación-, vuelve a aflorar en el Senado con el debate de la adecuación de la ley de Glaciares.
En el proyecto de ley está en juego el potencial de una actividad que exportó más de 6.000 millones de dólares en 2025 -récord histórico, con una suba del 70% en una década-. El proyecto de ley que se debatirá este jueves en el Senado viene a modificar los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y áreas periglaciares para que cada provincia pueda adecuar su legislación y ampliar así las áreas de explotación minera.
Desde el sector, estima que si se se dan las condiciones políticas, económicas y legales adecuadas, las exportaciones del 2025 podrían trepar al triple. Un informe elaborado por la consultora económica Invecq, destaca que, si bien en los últimos años la minería alcanzó récords históricos en exportaciones y consolidó su rol en economías regionales, el nivel de desarrollo sigue siendo bajo en relación con el potencial geológico del país.
Y agrega que a pesar de que en 2025 las exportaciones mineras superaron los 6.000 millones de dólares, el nivel más alto de la historia, con un crecimiento del 70% respecto de 2015 -casi el 7% de las exportaciones totales del país- la minería todavía representa menos del 1% del PBI argentino, a pesar de que Argentina concentra una porción relevante de los recurso minerales globales.
El país cuenta con 310 proyectos mineros metalíferos, pero solo 26 están en producción. Si se consideran los cuatro minerales principales -litio, cobre, oro y plata-, solo el 11% de los proyectos está en fases avanzadas, lo que evidencia una amplia brecha entre el potencial geológico y su desarrollo efectivo. En materia de inversiones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya muestra impactos concretos.
Según el informe de Invecq, todos los proyectos aprobados bajo este esquema alcanzan un monto total de 16.722 millones de dólares, de los cuales más de 6.000 millones de dólares corresponden a iniciativas mineras. Según números de Economía, ya son más de 25.000 los millones comprometidos en inversiones. Solo del sector minería, rondan los 15.000 millones de dólares, pero en total se estiman inversiones mineras por 30.000 millones para la próximas decada, principalmente en iniciativas de cobre.
Además, hay 5 proyectos mineros en etapa de evaluación que, de aprobarse, podrían aportar un monto adicional cercano a los 30.000 millones de dólares. El impacto provincial es significativo. Provincias como Santa Cruz y San Juan concentran cerca del 70% de las exportaciones mineras. En 2025, Santa Cruz lideró el ranking con 2.104 millones de dólares (40% del total), seguida por San Juan con 1.612 millones (30%).
El interés del gobierno nacional en la ley de Glaciares, en un contexto de falta de dólares y de una economía que comienza a exhibir indicadores de caída de la actividad, queda evidenciado en la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, hoy el Congreso para supervisar el debate. Como lo hizo en la sesión del jueves pasado en Diputados por la reforma laboral, junto al presidente de la Cámara, Martín Menem, y al jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, el funcionario nacional trabaja de manera coordinada con la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, para que este jueves se aprueben el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional.
Santilli destacó que la adecuación a la ley de Glaciares “implica generar las condiciones para que las empresas del sector puedan invertir, producir y dar más trabajo en la Argentina”. “Hoy Argentina exporta 6 mil millones de dólares en materia de minería, mientras que Chile, que está al lado y comparte la misma cordillera, exporta 60 mil millones de dólares. Hay que alentar las inversiones y para eso es necesario reformar leyes viejas que desalientan el crecimiento de nuestro país”, agregó el titular de la cartera de Interior.
En materia de empleo, la minería ya genera más de 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con bajos niveles de informalidad y salarios que son casi cuatro veces superiores al promedio del empleo privado formal. No obstante, la expansión del empleo asociada al cobre se encuentra hoy virtualmente congelada, debido a que los proyectos de mayor escala no avanzan bajo el marco legal actual.
Las regiones donde se desarrollarían estos proyectos -la Cordillera, la Puna y la Meseta Patagónica- son zonas de baja densidad poblacional y escasas alternativas económicas. Allí, la minería no compite con otras actividades, sino que permite generar proveedores locales, infraestructura, capacitación técnica y arraigo territorial.
Por eso uno de los puntos centrales del proyecto de ley que impulsa el Gobierno nacional con los gobernadores es el respeto al rol de las provincias en la toma de decisiones. La minería es una actividad eminentemente territorial, y el proyecto apunta a permitir que las jurisdicciones definan sus estrategias, condiciones y marcos regulatorios para viabilizar proyectos de explotación minera.
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