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En la previa al tratamiento en el Senado de la reforma a la ley de glaciares, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a posicionarse como uno de los principales defensores del proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei. El mandatario peronista valoró el debate legislativo y afirmó que los cambios permitirán "devolverle derechos a las provincias" para gestionar sus recursos naturales sin comprometer la protección ambiental.
Jalil, uno de los gobernadores peronistas que se transformó en aliado clave del Gobierno nacional desde que el libertario asumió el poder, subrayó que su provincia integra, junto con Salta y Jujuy, la llamada "región del litio", y que además comparte con Mendoza la denominada "Mesa del Cobre". Ese mapa productivo, afirmó, explica por qué las provincias mineras insisten en una actualización del marco legal que regula la actividad en zonas glaciares y periglaciares.
"Fuimos al Congreso, a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a defender esta ley que le regresa derechos a las provincias", señaló el mandatario en diálogo con radio Mitre. Y ancló su posición en la Constitución: "De acuerdo al artículo 41, debemos proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y el 124 reconoce que las provincias son originarias de los recursos naturales".
En un contexto en el que ambientalistas y sectores de la oposición alertan que la reforma podría habilitar el avance de emprendimientos extractivos sobre áreas sensibles, Jalil buscó desacreditar estas posturas.
"No hay ninguna actividad que tenga tanto control desde audiencias públicas como la minería", sostuvo. Explicó que cada "Declaración de Impacto Ambiental" para explorar o explotar un yacimiento implica un proceso de evaluaciones, monitoreos y auditorías permanentes. "Cuando uno genera una declaración de impacto ambiental, la empresa tiene que tener controles. Y esos controles existen, son estrictos y se cumplen", especificó.
El gobernador insistió en que toda actividad económica, desde la construcción de una vivienda hasta el desarrollo de un emprendimiento turístico o minero, conlleva un impacto ambiental. Lo importante, dijo, es "evaluar el balance" entre ese impacto y los beneficios económicos y sociales que aporta. "Lo que hay que ver es el balance que tiene ese emprendimiento en lo que significa la economía y la política ambiental de toda la provincia", planteó.
Jalil además puso sobre la mesa un argumento que repite desde hace años: la minería, afirmó, es clave para el desarrollo y para reducir desigualdades estructurales: "Si hoy no tuviéramos minería, tendríamos 7.000 empleos menos. No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza".
En esa línea, el mandatario destacó que la actividad minera permitió expandir infraestructura, mejorar servicios públicos y sostener la inversión provincial en salud y educación. "Esto viene a generar una economía que mejora", dijo en defensa del proyecto. Y hasta la agradeció a Milei: "Le agradezco al Presidente que hoy se esté discutiendo este tema en el Congreso".
Las declaraciones de Jalil llegan en un momento de fuerte presión política sobre los senadores, que deberán definir si habilitan la modificación de una ley que, para las provincias mineras, es demasiado restrictiva, y para sus críticos, un vallado indispensable frente al avance extractivo en plena crisis climática. El gobernador de Catamarca evitó anticipar un resultado, pero se mostró confiado en que los legisladores “escucharán los argumentos técnicos” y comprenderán el impacto económico que está en juego.
Mientras tanto, organizaciones ambientalistas preparan protestas frente al Congreso para frenar la reforma, y sectores de la oposición denuncian que se intenta “debilitar las protecciones” sobre glaciares. Jalil respondió sin confrontación directa, pero con un mensaje claro: "Se puede proteger el ambiente y desarrollar la economía. No son metas incompatibles".
Con el Senado dividido y el lobby cruzado de provincias de empresas mineras y ONG ambientales, la sesión del jueves promete alta tensión. Y el gobernador catamarqueño ya dejó en claro su posición: "Defender el ambiente es fundamental. Pero también defender el trabajo. Necesitamos una ley equilibrada y moderna que contemple ambas cosas".
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