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El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional vuelve a encender una señal de alerta en las Américas. Con un promedio regional de 42 puntos sobre 100, la región permanece estancada, sin avances estructurales en más de una década. Doce de los treinta y tres países han empeorado desde 2012. La corrupción no es un fenómeno abstracto. Erosiona la confianza pública, debilita las instituciones democráticas y facilita la expansión del crimen organizado transnacional.
Estos resultados fueron el punto de partida del encuentro académico “La lucha contra la corrupción en Argentina y el mundo”, realizado el 12 de febrero por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en América del Sur, la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral y la Fundación Hanns Seidel.
Participaron del evento como panelistas la Dra. Delia Ferreira Rubio, ex presidente de Transparencia Internacional, Konstantin Kuhle, ex Diputado por el Partido Liberal (FDP) en Alemania, y el Dr. Marcelo Bermolen, Director del Observatorio de la Calidad Institucional. El debate dejó en claro que la corrupción no es únicamente un problema legal o administrativo, sino ante todo un problema moral y político, con efectos directos sobre el desarrollo económico y la calidad democrática.
Desde una perspectiva liberal la corrupción constituye una de las amenazas más graves a la libertad individual. Allí donde las reglas no se aplican de manera imparcial, no hay competencia justa ni previsibilidad. Por ello, la lucha contra la corrupción no se puede separar de la defensa del Estado de Derecho, la división de poderes, una prensa libre y una sociedad civil activa.
En América del Sur el panorama es dispar. Uruguay ocupa el lugar 73 y se posiciona como referencia regional gracias a su estabilidad institucional, aunque enfrenta desafíos vinculados al crimen organizado. Chile ha mostrado retrocesos respecto de sus estándares históricos, reflejando tensiones políticas y cuestionamientos en materia de probidad.
Brasil este año ocupa el puesto 107. El país atraviesa un proceso de recomposición institucional tras años de escándalos y polarización, con el desafío de consolidar reglas estables y una justicia independiente.
En este contexto regional Argentina se encuentra en el puesto 104, ubicándose por debajo del promedio y lejos de los países con mayor calidad institucional. El país atraviesa un período de profundas transformaciones económicas y políticas.
Sin embargo, para reformas sostenibles se necesitan instituciones sólidas. La lucha contra la inflación, la atracción de inversiones, la generación de empleo y la inserción internacional dependen de reglas claras, previsibles y aplicadas sin privilegios. La corrupción, en cambio, actúa como un impuesto invisible que desalienta la inversión, distorsiona la competencia y erosiona la confianza social.
El IPC no debe entenderse como un simple ranking, sino como una herramienta para evaluar la calidad institucional y definir prioridades de reforma. En el caso argentino, ello implica fortalecer la independencia judicial, garantizar mayor transparencia en la contratación pública, proteger el espacio cívico y asegurar controles efectivos en todos los niveles del Estado.
En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y una competencia entre modelos de gobernanza, la transparencia y la integridad pública no solo son valores democráticos: constituyen ventajas estratégicas. La consolidación de instituciones íntegras y responsables es condición necesaria para el desarrollo sostenible y para la recuperación de la confianza ciudadana. El desafío argentino es convertir esta advertencia en una oportunidad de reforma profunda y duradera.
Hans-Dieter Holtzmann es director de la oficina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en América del Sur, con sede en Buenos Aires.
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