La central obrera llamó a marchar frente al Palacio de Tribunales este martes en medio de la disputa con el Gobierno por el traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) llevó adelante un paro y movilización en la Ciudad de Buenos Aires para manifestar su rechazo al proyecto que impulsa el traspaso de la Justicia laboral al ámbito porteño. Afirman que están en riesgo 1600 puestos de trabajo y advierten por el perjuicio a los trabajadores en futuros fallos laborales. La protesta incluyó una concentración frente al Palacio de Tribunales y la interrupción de actividades en distintas dependencias judiciales.
Desde el gremio que conduce Julio Piumato sostienen que la transferencia implica un riesgo para la estabilidad laboral de los trabajadores y podría afectar las condiciones de funcionamiento del fuero, además de generar incertidumbre sobre el futuro de los empleados. En ese sentido, reclamaron la apertura de instancias de diálogo y advirtieron que continuarán con medidas de fuerza si avanza la iniciativa.
El conflicto se enmarca en el debate político e institucional sobre la autonomía de la Ciudad y la transferencia de competencias judiciales desde la Nación, un proceso que ha generado tensiones recurrentes entre los distintos niveles del Estado. Mientras el Gobierno nacional promueve el traspaso como parte de la reorganización del sistema, los trabajadores judiciales denuncian que no existen garantías suficientes para resguardar derechos laborales ni la calidad del servicio de justicia.
Los empleados realizaron la protesta en el marco de un paro que comenzó a las 11 de hoy y que contó con la adhesión de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la que Piumato es secretario de Derechos Humanos. Dado que la Justicia Laboral Nacional quedará desprovista de competencias, el convenio contempla su disolución. Para Piumato, se trata de una "liquidación del fuero del trabajo" y no dudó en calificarlo como un hecho "totalmente inconstitucional”.
En paralelo al paro, desde el lunes por la mañana se encuentra tomada por los trabajadores el edificio de Diagonal Norte 760, perteneciente a la Justicia laboral, con apoyo del gremio. “Estamos peleando por todos los medios para frenar este disparate, porque nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, expresó Piumato a través las redes sociales del sindicato.
Agregó que el traspaso del fuero laboral a la Ciudad “es la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional y apunta a transformar un país federal en uno totalmente unitario”. Según Piumato, este traspaso busca “regir no solo las relaciones laborales sino también las económicas cuando esto le toque al fuero comercial”, que se encuentra en situación similar al laboral.
La movilización de este martes contó con la presencia de la CGT. "Movilizamos al Palacio de Tribunales en rechazo al traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En la calle, luchando por una Justicia que salvaguarde nuestros derechos en todo el país", afirmaron en un comunicado.
Además, calificaron a la justicia laboral como "una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores". "No puede fragmentarse ni debilitarse. Defender la competencia nacional es defender la protección del trabajo y el equilibrio en las relaciones laborales", sentenciaron.
Desde el gremio judicial aseguran que el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo "es un ataque directo contra los trabajadores y trabajadoras" y denunciaron que, en el fondo, persigue el objetivo de poner al Poder Judicial "al servicio de los grandes grupos económicos". "Pretenden cerrar la Justicia Nacional del Trabajo para reemplazarla por una justicia reducida al ámbito de la Capital Federal y funcional a los intereses empresarios", advirtieron.
El acuerdo fue firmado semanas atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, en cumplimiento de las demandas de autonomía que reclama el distrito conducido por Jorge Macri. Aseguran que la Ciudad debe contar con su propio fuero laboral, al igual que ocurre con el resto de las provincias, y que eso permitirá dotar de celeridad a las causas.
Pero en los pasillos de la Justicia y en la oposición consideran que detrás del convenio hay una intención de blindar las medidas y los cambios que impulsa el gobierno en materia laboral. Entre ellas, la reforma que está por aprobarse en el Congreso.
Como ejemplo recuerdan que en 2024 el Fuero Laboral fue epicentro de disputa de decretos presidenciales, entre ellos el capítulo laboral del texto 70/23. "Fue este mismo fuero del trabajo es el que puso un límite. Desguazarlo es también herir gravemente el sistema republicano", advierten.
Diputados aprobó la semana pasada el dictamen modificado del proyecto que, además de cambiar sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el cálculo de indemnizaciones, las horas extras, las vacaciones y el derecho a huelga, entre otros puntos, también habilita la cesión a CABA de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.
El Capítulo V de la reforma laboral, denominado "Acuerdo de Transferencia de la función judicial en material laboral", aprueba el convenio firmado semanas atrás entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, y ordena al Poder Ejecutivo a enviar al gobierno de Jorge Macri "los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo" para garantizar "su adecuado funcionamiento".
La iniciativa laboral volvió al Senado -tras la modificación del dictamen y la eliminación del artículo 44 de licencias médicas- y el próximo viernes se llevará a cabo la sesión para que sea ratificada o eventualmente rechazada en conjunto con el entendimiento entre las autoridades nacionales y porteñas por la justicia laboral.
En caso de ser aprobado, pone un plazo de 180 días para la entrada en vigencia, tiempo durante el cual deberán trabajar en el plan de transición para poner en marcha los juzgados del trabajo de la Ciudad. Además, remarca que será CABA la encargada de seleccionar los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal que conformarán los diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y las dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
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