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La Iglesia católica sigue criticando decisiones del gobierno como el impulso a la baja de la edad de imputabilidad penal y la reforma a la Ley de Glaciares. Ahora se sumó una enérgica advertencia por la reducción presupuestaria de la subsecretaría de Integración Socio Urbana y la virtual paralización de las obras de urbanización en los barrios populares de todo el país.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, Gustavo Carrara, al hablar en un panel Organizado por la Mesa Nacional de Barrios Populares bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas” del que participaron referentes sociales y ex funcionarios.
Desde su asunción el presidente Javier Milei degradó a la subsecretaria de Integración Socio Urbana y fue desfinanciado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) por considerar que era manejado con fines partidarios por el dirigente kirchnerista Juan Grabois a través de su titular, Fernanda Miño, y sospechar que había corrupción.
Los miembros del panel coincidieron en destacar que la política de integración socio urbana que incluyó un registro de barrios populares fue producto de una ley que tuvo un amplísimo consenso en el Congreso en 2018 y que su implementación se sostuvo a lo largo de dos gobiernos de distinto signo político.
A la vez que negaron que hubiera corrupción en la implementación del FISU, al señalar que fue auditada por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y entidades como la Sindicatura General de la Nación y la Universidad Católica Argentina, que certificaron su transparencia y eficiencia.
También integraron el panel el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra; la ex subsecretaria de Gestión de Tierras de la SSISU, Fernanda García Monticelli, y la referente del Barrio Obrero de Cipolletti, Liliana Calderón, quienes señalaron que según el registro hay en el país 6.467 asentamientos.
Carrara remarcó la importancia de avanzar no sólo en procesos de urbanización e integración social. “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura, pero la integración habla de protagonismo”, señaló.
Tras afirmar que muchos habitantes de barrios populares trabajan en la construcción, la industria textil y la producción frutihortícola, reclamó sensibilidad y se preguntó “qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero sí otros no comen no hay problema’”, planteó.
Por su parte, Calderón denunció la situación de años de barrios “olvidados, abandonados, sin recursos, sin agua, sin luz ni cloacas” , donde los vecinos recurrieron a conexiones eléctricas precarias, con riesgos fatales ocurriendo incendios provocados por instalaciones irregulares, además de muertes por inundaciones.
En tanto, Monticelli indicó que durante la implementación del FISU “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública”, con más de 1.200 proyectos de integración socio urbana, 24.000 lotes con servicios y 250.000 mejoras habitacionales a través del programa Mi Pieza.
“No se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política”, dijo respecto del paso de la secretaría de Integración Socio Urbana a subsecretaría.
Finalmente, Maquieyra sostuvo que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Ley 27.453 surgieron “de abajo hacia arriba” y se transformaron en una política de Estado votada por unanimidad en el Congreso.
“Se hizo encontrando a los distintos”, afirmó, destacó la realización de obras auditadas en todo el país y preguntó: ¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una dónde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir 11 años menos?”.
Entre los datos presentados se mencionaron más de 700 obras detenidas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza.
Señalaron que la Justicia Federal, a través del Juzgado Federal de Pehuajó, dictó medidas cautelares que ordenan al Estado nacional garantizar la continuidad de la política pública y suspenden intentos de disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
La política de integración socio urbana se inició en 2016, cuando organizaciones sociales, la Iglesia y habitantes de barrios populares impulsaron el primer relevamiento nacional, el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), formalizado por el Decreto 358/2017.
En 2018, el Congreso sancionó la Ley 27.453 —luego reformada en 2022— que reconoció la existencia de más de 6.400 barrios populares y declaró la problemática de interés público, estableciendo responsabilidades del Estado nacional para garantizar el derecho al hábitat.
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