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El año 2025 terminó con la agenda educativa argentina debatiendo un proyecto de ley cargado de contenido ideológico, y 2026 arrancó con otros dos proyectos centrados en la pura materialidad: la plata.
Efectivamente, a principios de diciembre del año pasado, mientras muchos armaban el Arbolito, el Gobierno hizo público el proyecto de ley de “libertad educativa”, como parte de diversas iniciativas discutidas en el Consejo de Mayo.
Ese proyecto oficial, que hasta ahora no fue enviado al Congreso, deroga la actual ley de educación y la reemplaza por otra que pone énfasis en el rol de las familias por sobre el Estado.
A partir de esa premisa, propone cambios estructurales como la habilitación del homeschooling, la legalización de los vouchers o financiamiento a la demanda, la creación de Consejos de Padres en las escuelas públicas -con potestad para participar de la contratación o remoción del director-, el permiso a publicar resultados de pruebas estandarizadas por escuela y la evaluación del desempeño docente.
Pero resulta que este ambicioso plan -impulsado por el Ejecutivo, pero cuestionado por la CGT, la UIA y los gobernadores- no era el único que se debatía en el Consejo de Mayo.
Allí también tomó fuerza otra iniciativa, elaborada por las autoridades mendocinas, que sumó el apoyo de un amplio frente federal.
Lejos de la discusión doctrinaria, este otro proyecto recoge el dolor del sistema tras dos años en que la inversión en educación básica cayó casi el 50%. Su objetivo es establecer un piso para el financiamiento educativo, con metas precisas, del que no se pueda bajar y que deba actualizarse por inflación. Además, busca crear fondos para infraestructura, tecnología y becas, junto con incentivos salariales por desempeño docente, zonas críticas y formación continua.
En paralelo, presionado por un frente judicial adverso por el incumplimiento de la ley, el Gobierno envió la semana pasada un proyecto que modifica (y no deroga) la Ley de Financiamiento Universitario.
El punto central aquí también es el presupuesto, con foco principal en la recomposición de los salarios docentes y no docentes tras la pérdida de poder adquisitivo de los últimos dos años.
Todos estos proyectos muestran las enormes diferencias en los puntos de vista desde los que se piensa hoy la educación. De un lado, una reforma que busca refundar el sistema desde lo filosófico; del otro, un grito de auxilio fiscal que de las provincias y las universidades.
En el medio, una educación argentina que sigue en crisis y que, sin una inversión adecuada, difícilmente pueda avanzar sanamente hacia cualquier rediseño filosófico.
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