Para disfrutar los contenidos de Clarín es necesario que actives JavaScript en tu navegador.
El Gobierno retomó este lunes las negociaciones para encausar las negociaciones por el cierre de FATE, sin lograr que las partes alcancen un acuerdo. Durante la segunda audiencia convocada por la secretaría de Trabajo, la empresa pidió el desalojo de la planta ubicada en San Fernando, ocupada desde el miércoles por los trabajadores en reclamo de la continuidad de las fuentes laborales.
"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informa que, habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes", informó la dependencia oficial.
La cita virtual fue encabezada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro. Arrancó a las 12.30 y se extendió hasta pasadas las 17 con la presencia del jefe de Relaciones Laborales de FATE, Santiago Ferri, y el líder del sindicato del neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, bajo un clima de tensión luego de que la empresa anunciara su cierre el miércoles, junto con 920 despidos.
Durante la reunión, la principal fabricante de neumáticos con mas de 80 años en Argentina sostuvo que "quiere cumplir la conciliación obligatoria pero que no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato", según fuentes de FATE. También se habló de la imposibilidad del ingreso para revisar la maquinaria, mientras aguarda novedades sobre la orden de desalojo presentada ante la Justicia.
Desde el SUTNA, señalaron que la firma mantiene el control de las instalaciones con guardias y que "solo ofrecen dar tareas una vez que revisen las máquinas sin personal en la fábrica, pero no dan seguridad de continuidad laboral". El gremio realizó un festival el domingo frente a la fábrica y publicó un video en el que afirma que la planta cuenta con materia primara como para retomar tareas.
Luego de una primera reunión de emergencia, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria el miércoles pasado, ordenando reabrir la planta y revertir los despidos, aunque las autoridades deslizan por lo bajo que cumplen un rol "absolutamente pasivo". Sin un acercamiento a la vista este lunes, la secretaría de Trabajo convocó a una tercera audiencia para el miércoles a las 11.
En paralelo, la gestión de Milei mantiene una disputa con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la potestad del conflicto en la planta bonaerense: la Provincia también dictó el miércoles la conciliación obligatoria y realizó audiencias con la participación de ambas partes.
La fábrica de la familia Madanes Quintanilla, dueña del grupo Aluar, amaneció el miércoles con candados y carteles anunciando el cese de actividades por aparentes dificultades por la caída del consumo, la avalancha de importaciones chinas y la conflictividad con el sindicato conducido por la izquierda, que afirma que desde hace 14 meses no recibe un aumento salarial.
A través de un banner dispuesto frente a los portones de la planta, el directorio informó que "los cambios en las condiciones de mercado" la llevaron a tomar medidas drásticas, viéndose obligada a extinguir todos los contratos de trabajo, y que las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la coincidencia del cierre de FATE con las vísperas del tratamiento de la reforma laboral en Diputados, donde fue finalmente aprobada, aunque todavía debe ser refrendada en el Senado este viernes. "Fue sugestivo, nosotros entendemos que detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política", afirmó.
En medio de las tensiones con la fabricante de neumáticas, el Gobierno rechazó este lunes un pedido de Aluar, empresa que también es propiedad de Javier Madanes Quintanilla, para extender una medida antidumping para frenar la importación de aluminio chino, que estaba vigente desde 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Este derecho antidumping consistía en un arancel extra del 28% a esas importaciones, para proteger a la industria local frente a productos que ingresaba al país a precios considerados “injustamente bajos”. La decisión oficial profundizó así la apertura del comercio, en momentos que la industria atraviesa un estancamiento con pérdida de empleos.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
