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Con la ejecución de Nemesio Oseguera, El Mencho, el mayor capo criminal de México, el gobierno federal ha dado una prueba definitiva, y exitosa, de que su política de seguridad pública pasó de los abrazos a los balazos.
Hay que celebrar el cambio, sin duda, pero hay que disponerse también, como gobierno, a pagar el precio de haber descabezado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El tamaño de la violencia que viene quedó anunciada este domingo, con los bloqueos carreteros, los incendios y los tiroteos que saltaron como hongos en ciudades y caminos de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.
La historia nos dice que a la eliminación de un capo grande sigue una fase de guerras intestinas para ver quién lo sucede en el poder.
Dada la extensión de los territorios dominados por el CJNG, podemos anticipar que nadie alcanzará un liderato equivalente al de El Mencho y que lo que veremos será, de un lado, guerras intestinas por la sucesión en el CJNG y, del otro, ataques de bandas rivales sobre el mismo CJNG debilitado.
Veremos un aumento de la violencia en los estados donde el CJNG tiene presencia o disputa el poder con otras bandas, es decir, en 28 estados de la República, casi todo el país.
El desafío que sigue para el gobierno después de El Mencho es mantener la ofensiva contra el CJNG, como se hizo con Los Zetas entre 2011 y 2014, y acotar en lo posible la violencia sustituta de las guerras intestinas dentro del cártel y de las bandas rivales contra él.
El operativo lo llevó a cabo el Ejército, no la Marina, con ayuda estadounidense, una ayuda cuya dimensión no se ha precisado, pero que bien pudo incluir el diseño y parte de la ejecución.
La eliminación de El Mencho le da al gobierno mexicano un espacio de maniobra y de credibilidad ante las presiones de Washington que están detrás del hecho.
Ojalá sea el principio de una colaboración firme y sostenida de los dos países en el combate al crimen organizado, pues ninguno puede resolverlo solo.
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