Mientras el Congreso avanza con el tratamiento del proyecto, diversos relevamientos de opinión pública muestran altos niveles de acuerdo con cambios en la edad de imputabilidad.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad se intensifica con nuevos sondeos que muestran consenso mayoritario, aunque con cuestionamientos sobre su impacto real en la inseguridad.
El debate que se espera para este jueves a las 11 en el Senado sobre el proyecto de Javier Milei de reforma del Régimen Penal Juvenil, generó un impacto en la opinión pública. De este modo, diferentes relevamientos mostraron un amplio apoyo a la baja de la edad de imputabilidad, que podría pasar de 16 a 14 años.
Múltiples encuestas sitúan el respaldo a la iniciativa del Gobierno, que cuenta con la aprobación de Diputados durante las sesiones extraordinarias. En la misma jornada en la Cámara alta, se incluirá la reforma a la Ley de Glaciares y el pliego para avalar que Fernando Iglesias se convierta en embajador argentino en Bélgica y ante la Unión Europea.
En las últimas semanas, diferentes consultoras realizaron relevamientos para saber qué opina la ciudadanía sobre los cambios e la justicia penal juvenil. Según Opinaia, el 80% de los argentinos está de acuerdo con la iniciativa de reducir la edad de imputabilidad penal. De ese porcentaje, el 67% se declara “muy de acuerdo” y otro 14% “bastante de acuerdo” con la medida. El rechazo es minoritario, con apenas un 15% en desacuerdo.
El apoyo se observa de manera transversal entre votantes de distintos espacios políticos: llega al 95% entre quienes votaron a La Libertad Avanza y al 96% entre los electores de Provincias Unidas. Incluso en sectores donde el respaldo es menor —como votantes de Fuerza Patria o del Frente de Izquierda— la adhesión se mantiene mayoritaria.
Por su parte, en relevamiento de Giacobbe & Asociados también muestra una mayoría clara a favor de la baja de la edad de imputabilidad, con un 73,1% de respaldo general. Dentro de ese grupo, el 63,6% apoya fijar la edad en 13 años, mientras que otro 9,5% opta por mantenerla en 14 años. Por el contrario, un 20,1% de los consultados prefiere mantener el piso en 16 años, la postura resistida por sectores del oficialismo en el debate legislativo.
La consultora Isasi/Burdman también encontró un respaldo mayoritario a la baja de la edad de imputabilidad en mediciones previas: en una encuesta realizada en noviembre pasado, el 68% de los encuestados expresaba su apoyo frente a un 29% que se mostraba en contra. Además, un 60% de los consultados por Isasi/Burdman coincidió con la frase “A delito de adulto, pena de adulto”, lema utilizado por el oficialismo para defender la reforma, frente a un 28% que se opuso.
Otro estudio de la consultora Sentimientos Públicos, enfocado en la provincia de Buenos Aires, también reflejó un respaldo mayoritario a la baja de la edad de imputabilidad: el 63% de los bonaerenses consideró que la medida es necesaria para combatir la inseguridad.
El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora de febrero de 2026 muestra que existe un apoyo mayoritario a la baja de la edad de imputabilidad, con un 64,2% de los encuestados “a favor” frente a un 27,3% “en contra”, y alrededor de 7,1% que se mantuvo neutral o sin opinión.
Los datos surgen de un relevamiento nacional con más de 1.000 casos, ponderado por edad, sexo y región, realizado entre el 7 y el 18 de febrero.
El proyecto modifica la normativa vigente —heredada de la última dictadura— y establece un régimen específico para adolescentes en conflicto con la ley penal. El punto central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La propuesta descarta la prisión perpetua para menores y fija un tope de hasta 15 años de pena para delitos graves. Además, determina que el cumplimiento de las sanciones deberá realizarse en establecimientos diferenciados de los adultos.
El esquema contempla alternativas a la privación de la libertad y medidas orientadas a la reinserción social. Para delitos con penas inferiores a tres años no se prevé cárcel, mientras que en casos con escalas de entre tres y diez años —si no hubo muerte ni lesiones gravísimas— se priorizarán sanciones de carácter educativo y comunitario.
La iniciativa del Gobierno busca reemplazar el Régimen de Minoridad decretado en 1980 y propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. De esta manera, representa el cambio más significativo en legislación penal de la gestión de Javier Milei.
La reforma fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.
A su vez, la reforma establece que los menores no deberán compartir espacios de reclusión con adultos y contempla un sistema de sanciones alternativas a la prisión para los delitos con una escala penal inferior a los 10 años. Entre ellas, se incluyen amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir vehículos y limitaciones para salir del país, con el objetivo de priorizar medidas socioeducativas y de reinserción.
El proyecto sufrió modificaciones de último momento de la votación. Por impulso de la Coalición Cívica, se reformaron los artículos 17, 30 y 34 para que se explicite que los menores de edad no serán privadas de su libertad en el mismo establecimiento que los adultos. A su vez, con un cambio del artículo 43, se quitó la posibilidad de que la querella intervenga en el proceso a prueba, dejándole esa atribución al Ministerio Público Fiscal.
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