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A pesar de las proclamas en su contra y de los esfuerzos técnicos y políticos para reducirlos, los subsidios a la energía y al transporte tienen sobrevida garantizada hasta el fin de la gestión de Javier Milei y más allá. El presupuesto 2026 prevé 8 billones de pesos con este fin, sin que ésto exima a los usuarios de seguir enfrentando aumentos tarifarios.
Los subsidios y la necesidad de importar productos energéticos fueron un factor clave del déficit fiscal y cambiario de los últimos años. La contracara eran tarifas más bajas que mejoraban indirectamente el salario real y los costos industriales.
La gestión libertaria avanzó fuertemente en el recorte de subvenciones, cuya consecuencia fue un aumento en el precio de los servicios públicos de hasta tres dígitos. El objetivo político de erradicarlos se sostiene. Sin embargo, el ritmo para conseguirlo aminoró notoriamente.
Según las previsiones presupuestarias, los subsidios al conjunto de servicios públicos se recortarán 6% en términos reales este año.
Esa baja se profundizará hasta 9,4% en energía, con una disminución mucho más acentuada en los fondos que se destinan a cubrir el costo de la electricidad mayorista (-35%), pero con aumentos más fuertes para subvencionar el gas en distintas formas.
El precio del gas mayorista subirá a partir de este mes de 2,9 dólares el millón de BTU a 3,8 dólares. Esto hace que se requieran más fondos, por ejemplo, para pagar el subsidio a “Zona Fría”, que desde 2021 se amplió a casi la mitad de los consumidores del país, al incluir regiones templadas.
Según prevé la Ley de Presupuesto 2026, los fondos para sostener esta ayuda a los consumidores de gas natural subirían más de un 700% en este ejercicio en relación a lo el Estado destinó el año pasado, pasando 40 mil millones de pesos a 450 mil millones.
Los hogares beneficiarios tienen una reducción de entre el 30 y 50% en su tarifa final y, con un gas más caro, la subvención necesaria para sostener esa ventaja es mayor.
Cuando Jefatura de Gabinete envió el proyecto de Presupuesto propuso volver a la versión original de este plan, que acotaba la ayuda a los consumidores patagónicos, de Malargüe y la Puna. Pero la oposición parlamentaria bloqueó esa chance y hoy rige la versión de zona ampliada.
En el Presupuesto nacional también crece de 15 a 48 mil millones de pesos la partida para subsidiar a usuarios del gas por redes, que desde este año están divididos en sólo dos grandes segmentos: los que tienen ayuda estatal (hogares con ingresos inferiores a 3,9 millones de pesos) y los que pagan tarifa plena de un producto que será más caro para todo el universo.
Algo similar pasa con los fondos para el Plan Gas, programa de estímulo a la producción que expira recién en el 2028: los fondos previstos para garantizarles determinado precio a las petroleras subirán este año 56% real.
Aunque subsidiar a empresas sea tan pecaminoso como hacerlo a consumidores según la mirada más purista de LLA, el ministro de Economía, Luis Caputo, ni sueña con dejar de pagar los 591.000 millones de pesos presupuestados para este programa.
Lo que hizo fue idear un mecanismo de ventajas burocráticas para empujar a las productoras a renunciar voluntariamente a este régimen en el que el Estado paga una parte del precio del gas y vayan a vendérselo al valor que puedan a los grandes usuarios, como las generadoras eléctricas.
Una apuesta que estaría por honrar YPF. A su presidente, Horacio Marín, le entusiasma venderle directamente el combustible a su vinculada YPF Luz, prescindiendo de todo aporte estatal. Posiblemente la compañía líder del mercado sea de las primeras en abandonar el Plan Gas.
Hay distintas mediciones sobre la evolución de los subsidios pero todas muestran un importante recorte en los dos últimos años.
Según el Observatorio de Tarifas Públicas de UBA-Conicet el aporte estatal para cubrir una porción de los precios de agua, transporte, luz y gas retrocedió 39% en 2025 respecto al año anterior, 62% respecto a diciembre de 2023 y 75% respecto a junio del 2022.
Los recortes fueron más pronunciados en el área energética, no sólo porque los consumidores pagaron más sino porque el abastecimiento costó menos: hubo que importar menos gas y éste resultó más barato.
A pesar de todos esos avances en este sentido, los usuarios están lejos de pagar la tarifa plena.
Según aquella misma fuente, en el área metropolitana el Estado aún cubre el 48% promedio de los servicios públicos, porcentaje que trepa al 68% para el transporte público. Aún queda mucho camino pendiente para que los usuarios afronten íntegramente el valor de las prestaciones, y éste difícilmente se recorrerá en uno o dos años.
La oposición política y la necesidad de sostener consenso hacia la gestión oficial demora el proceso que, a esta altura, implicará aumentos proporcionalmente mayores para los ciudadanos más pobres.
Quienes están en la cúspide de ingresos ya pagan el costo pleno de servicios que se seguirán encareciendo, por acuerdos de recomposición vigentes y el aumento del dólar.
Ni la gestión libertaria sueña con una erradicación total de estas subvenciones que, eso sí, al final del camino quedarían limitadas a los consumidores con mayor vulnerabilidad económica.
Por una cuestión más de orden práctico que ideológica, el propósito oficial se limita a neutralizar su impacto fiscal para controlar el déficit, objetivo que se estaría logrando.
Según datos del ministerio de Economía, los subsidios económicos de la Administración Central alcanzaron su climax en el 2014, cuando rozaron el equivalente a 4 puntos del Producto Bruto Interno.
En ese momento, la cobertura estatal de las tarifas energéticas trepaba al 2,8% del PBI, contra el 0,6% actual, proporción más compatible con un programa económico que tenga como prioridad macro el superávit fiscal y el retiro del Estado de la economía.
Con la recomposición tarifaria del gobierno de Mauricio Macri hubo una reducción importante del peso de los subsidios en relación al tamaño de la economía. Pero éstos luego picaron en punta hasta el 2021 para descender a un valor actual muy inferior, pero que todavía supera al que se registraba hace dos décadas.
La contundente poda que realizó la gestión de Milei en los dos últimos años no puede profundizarse sin el riesgo de licuar el soporte político que la Libertad Avanza consiguió, paradójicamente, ejecutando uno de los ajustes más drásticos de las últimas décadas.
Hay subsidios para rato, aún con los aumentos tarifarios previstos para este año, que incluyen una ayudita extra para el pago de luz y gas: los ciudadanos subsidiados tienen una subvención adicional del 25%, que irá disminuyendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre.
Implícito reconocimiento oficial que la creciente carestía de servicios públicos es un duro desafío para gran parte de los hogares y comercios argentinos, más allá de su impacto negativo en el discutido índice de precios a consumidor.
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