Para disfrutar los contenidos de Clarín es necesario que actives JavaScript en tu navegador.
El fiscal federal Carlos Stornelli dio por probada las amenazas en un video difundido el 1° de diciembre de 2024, en el que cuatro supuestos narcotraficantes portando armas de fuego, profirieron contra Patricia Bullrich -entonces ministra de Seguridad de la Nación- y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En ese marco, requirió la elevación a juicio y la realización del debate oral de la causa.
La difusión del video se produjo pocos días antes del procedimiento ordenado por la jueza federal María Servini, bajo estricto secreto de sumario, que culminó con la detención de los sospechosos -posteriormente imputados- en un operativo llevado adelante el 5 de diciembre de 2024 en la localidad de Puerto General San Martín, a unos 30 kilómetros de Rosario.
La grabación había generado un fuerte impacto institucional por el tenor de las amenazas, que incluían advertencias explícitas de violencia dirigidas a autoridades nacionales y provinciales. En respuesta, el Gobierno nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran información relevante, ante la probable vinculación del hecho con organizaciones narcocriminales.
La producción audiovisual, cuya autenticidad fue confirmada por peritos, fue realizada en la localidad de Puerto General San Martín, departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. En las imágenes se observa a los imputados cubiertos con mamelucos, gorros y máscaras, portando armas de fuego, mientras profieren amenazas dirigidas a autoridades nacionales y provinciales: “...A vos, señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y de echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá… vamos por todo, esto nunca va a terminar”.
El Ministerio Público Fiscal probó mediante informes periciales realizados por la Dirección General de Policía Científica de la Policía Federal Argentina y por Gendarmería Nacional, las características físicas de los autores del delito, sus contexturas corporales y correspondencias antropométricas con los imputados. En igual sentido, las pericias acústicas concluyeron que el material sonoro permite individualizar las voces, estableciendo correspondencia entre la voz registrada en la videograbación y las muestras obtenidas de Matías Leonel Romeo.
A ello se sumaron los allanamientos practicados en domicilios vinculados a los acusados, donde se secuestraron mamelucos, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y material informático. La extracción forense permitió recuperar archivos relevantes y establecer vínculos directos entre los imputados y la videograbación investigada, incluyendo registros de acceso y almacenamiento del video.
Por su parte, las pericias armamentísticas determinaron que las armas que aparecen en las imágenes se corresponden con armas reales, aptas para el disparo, entre ellas una pistola semiautomática, municiones y cargadores, y uno que aparece como fusil F.A.L., lo que permite concluir el grado de amenaza real y concreta.
También resultaron significativos los testimonios -algunos de identidad reservada-, quienes reconocieron a los imputados.
En la valoración conjunta, el Fiscal concluyó que el hecho existió y fue cometido por los imputados. El delito por el que se los acusa se encuentra previsto en los artículos 211 y 41 quinquies del Código Penal de la Nación, y los procesados enfrentan posibles condenas de hasta 10 años de prisión por proferir amenazas e intimidaciones públicas con la finalidad de aterrorizar a la población y/u obligar a las autoridades públicas nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
