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Un día antes que fuese citado a indagatoria, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a pedir su sobreseimiento en la causa por la retención indebida de más de 19 mil millones de pesos en impuestos y aportes previsionales.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el miércoles, los abogados de Tapia hicieron una presentación para que en la causa intervenga la Cámara en lo Penal Económico y que revise la decisión del juez Diego Amarante que rechazó un pedido del titular de la AFA y de la propia entidad para ser sobreseídos porque no cometieron ningún delito.
Este jueves, el magistrado aceptó la apelación y la envió a la Cámara. Ese trámite se dará en paralelo con la citación a indagatoria de Tapia, del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; del secretario general, Cristian Malaspina; del director general, Gustavo Lorenzo, y del ex secretario general Víctor Blanco. Las indagatorias comenzarán el 5 de marzo con Tapia y la AFA como entidad civil y se extenderán hasta el 9 de marzo.
Junto con la citación a indagatoria, el juez Amarante les prohibió la salida del país. Esa decisión será objetada por la defensa de Tapia. “Ya tiene viajes previstos y se va a pedir autorización para que pueda viajar”, adelantó una fuente de la AFA.
Cuando el ARCA solicitó la indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia; su tesorero, Pablo Toviggino; también la del actual secretario general, Cristian Ariel Malaspina; el director general, Gustavo Roberto Lorenzo; y del ex secretario general Víctor Blanco, se hizo en función de la cifra de aportes desviados que superan los $ 19.000 millones.
Según la denuncia presentada en diciembre de 2025, la entidad habría retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 que luego no fueron depositados dentro de los plazos legales. En total, se investigan 69 hechos independientes por un monto acumulado de $19.353.546.843,85.
Los delitos encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no ingresen al fisco los montos retenidos, cuando superan los mínimos establecidos por ley.
En su presentación, ARCA sostuvo que existen elementos de prueba suficientes para acreditar un “grado de sospecha suficiente” y avanzar con las indagatorias. Entre otros puntos, señaló que la AFA registró importantes acreditaciones bancarias durante el período investigado y que las decisiones de pago impositivo dependían de la mesa directiva, con intervención directa del tesorero en la instrucción de los pagos.
El organismo recaudador remarcó además que la falta de ingreso de los fondos retenidos se habría extendido durante 19 meses consecutivos, lo que -según su planteo- descarta que se trate de un incumplimiento aislado o meramente administrativo.
Ahora será el juez Amarante quien deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a los dirigentes a prestar declaración indagatoria.
Según esos testimonios, la gerencia contable confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la instrucción de pago. Luego se generaban los VEP (Volantes Electrónicos de Pago) y se coordinaba con el área de Finanzas.
ARCA sostuvo que las decisiones finales estaban concentradas en la mesa directiva, integrada por el presidente, el secretario general y el tesorero, quienes además firmaban los estados contables de la entidad.
En ese sentido, el organismo consideró “difícil suponer”que una omisión prolongada durante 19 meses pudiera haber ocurrido sin conocimiento de las máximas autoridades.
También destacó que, durante el período investigado, la AFA registró acreditaciones bancarias por montos significativos e incluso constituyó plazos fijos en pesos y dólares, lo que -según la querella- demostraría capacidad económica para cumplir con las obligaciones fiscales.
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