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En un giro judicial, la Sala II de la Cámara Federal porteña decidió revocar la resolución de enero pasado del juez del juzgado federal n 7 Sebastián Casanello, que había restituido a sus cargos al directorio de la Obra Social de los Trabajadores Rurales (OSPRERA) y que, simultáneamente, había dejado sin efecto las medidas cautelares en una causa donde se investiga una presunta administración fraudulenta.
A través de un fallo dividido, el tribunal de alzada ordenó restablecer de inmediato las restricciones preventivas, tras concluir que los riesgos procesales que dieron origen a la intervención se mantienen intactos. Así lo había solicitado el Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que responde al ministro de Salud, Mario Lugones.
La decisión mayoritaria, impulsada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, subrayó que el paso del tiempo no ha aportado evidencias que logren debilitar la hipótesis delictiva inicial. En este sentido, el tribunal fue crítico con la resolución de primera instancia, señalando que una eventual mejora en los indicadores financieros de la entidad -informada durante la etapa de intervención- no neutraliza de ningún modo el objeto penal de la pesquisa ni justifica el levantamiento de los controles judiciales.
El fallo puso especial énfasis en la parálisis que afecta al expediente, cuestionando que el magistrado de grado se centrara en la situación económica de la obra social en lugar de dar impulso a la investigación criminal, la cual presenta un avance prácticamente inexistente.
Por tal motivo, la Cámara encomendó la realización de medidas de prueba básicas y urgentes para corroborar o descartar las irregularidades denunciadas, además de exigir la certificación de otros expedientes vinculados y la verificación de las decisiones administrativas que siguen vigentes.
Por su parte, el juez Eduardo Farah se manifestó en disidencia al considerar que la propia inactividad de la causa terminó por diluir las razones de urgencia que fundamentaban las cautelares, votando así por confirmar el cese de las mismas.
Sin embargo, ante el voto mayoritario, el expediente regresará ahora al juzgado de origen con la instrucción taxativa de mantener las restricciones sobre el directorio y avanzar, sin más dilaciones, en el esclarecimiento de los hechos.
Casanello había terminado con la intervención a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, porque el fiscal investigaba la supuesta participación de la obra social en la posible operatorio con corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La situación en UATRE y en su obra social había escalado durante la interna a cielo abierto entre los alfiles de Karina Milei y de Santiago Caputo en 2024.
El interventor de la obra social era Marcelo Petroni que llegó a su cargo por recomendación de Eduardo "Lule" Menem, el primo de Martín, según reconocen en el Gobierno y la obra social. Casanello había repuesto en su cargo a José Voytenco, que sostuvo que el interventor nunca saneó el gremio como decía la SSS ni presentó balances.
A su vez, en el medio de la escalada entre ambos sectores políticos, que terminó saldándose en favor de la hermana del Presidente y los sobrinos del ex mandatario riojano, se conoció en julio pasado que la obra social había contratado a un socio de la cámara de Diputados.
Se trataba de Sergio Aguirre, quien a través de la empresa Htech Innovation, fue contratado por la intervención oficial para dar servicios en los sistemas informáticos y de gestión de la obra social.
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