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En un escenario inédito para la actividad portuaria argentina, la Marina Mercante decidió sostener el paro nacional y desoír una intimación cursada por la Prefectura Naval Argentina, lo que paralizó este miércoles y jueves el movimiento de remolcadores en el Río de la Plata y dejó sin operatoria regular al puerto de Buenos Aires. La medida impacta de lleno en el turismo de cruceros y en el comercio internacional.
El conflicto escaló el martes por la noche, cuando la Prefectura envió un comunicado a la Cámara de Armadores de Remolcadores —y no a los trabajadores ni a los gremios— en el que recordaba que, según el Código Penal y la Ley de Navegación, pone en riesgo la seguridad de los buques o interrumpir su tránsito puede constituir un delito.
Les recordó que el artículo 190 del Código Penal prevé “prisión de dos a ocho años para quienes pongan en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.” Y también que había disposición de poner remolcadores “en todo puerto puerto donde sea necesario”.
La nota de la Prefectura enumeró toda la normativa, pero el mensaje fue dirigido a los empresarios, quienes respondieron que no podían obligar a trabajar a tripulaciones que habían adherido a una huelga.
Ya en la mañana del miércoles, la Prefectura desplegó operativos en la zona de remolcadores para intentar que las embarcaciones salieran a operar. Según fuentes del sector, no hubo enfrentamientos, pero los tripulantes ratificaron la medida de fuerza.
Desde los gremios sostuvieron que el paro no implica poner en riesgo la navegación, ya que la interrupción del servicio es comunicada con antelación y los buques son advertidos de que no ingresen a aguas restringidas sin asistencia.
La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) realiza este jueves un cese total de actividades en buques remolcadores de empuje, buques tanques, portacontenedores y de carga, buques de tareas offshore y remolcadores de maniobra portuaria, por 48 horas. Hasta las 00:00 horas del viernes 20 de febrero.
Aunque sin incidentes físicos, la tensión alcanzó su punto máximo con el ingreso del crucero Costa Diadema al canal de acceso al puerto de Buenos Aires, el miércoles. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Prefectura autorizó su entrada aun cuando no contaba con remolcadores disponibles. Una vez dentro del canal, el buque fue declarado en situación de emergencia por la propia autoridad marítima, al considerar que navegar sin asistencia en ese tramo constituía un riesgo.
Ante esa declaración, remolcadores acudieron a asistirlo en cumplimiento de las normas de seguridad. Sin embargo, al momento de la zarpada, prevista para la tarde, ya no había remolcadores operativos por la continuidad del paro. Finalmente, cerca de las 21 del miércoles, el Práctico a cargo —quien, según trascendió, habría percibido una sobre tarifa de los 10.000 dólares habituales que cobra por el servicio— asumió la responsabilidad de maniobrar la salida sin asistencia de remolque.
Para esta jueves a la noche se preveían condiciones meteorológicas más adversas, con fuertes vientos. Dos nuevos cruceros ingresaban al puerto bajo un esquema similar: autorización para acceder a aguas restringidas y eventual convocatoria posterior a remolcadores bajo argumento de seguridad. El interrogante es qué ocurrirá cuando deban partir, ya que los gremios anticiparon que no habrá asistencia mientras dure la medida.
Mientras tanto, el impacto es concreto: sin remolcadores no hay ingreso ni salida de buques en condiciones normales. El puerto de Buenos Aires opera con severas restricciones y el comercio exterior, así como la temporada de cruceros, quedan sujetos a una pulseada que ya dejó de ser estrictamente gremial para convertirse en un conflicto de alto voltaje institucional.
El jueves hubo tres servicios solicitados a privados especiales. Pero desde la Liga Naval, Fernando Morales advirtió: “si Prefectura continúa autorizando a buques de gran porte, como los buques de pasajeros, a salir sin remolcadores, sentaría el peligroso precedente de que luego las navieras exijan que se derogue la obligatoriedad de tomar remolques, ya que si cuatro cruceros pueden salir sin la asistencia de remolcadores, le vendría muy cuestionable la obligatoriedad que hoy la misma Prefectura exige”.
Desde el sector marítimo califican la intervención de la Prefectura como “sin precedentes”. Señalan que el comunicado fue enviado a los armadores y no a los sindicatos, y que en uno de sus párrafos se establece que los capitanes de remolcadores —que pertenecen a empresas privadas— quedan a órdenes de la autoridad marítima, una disposición que fue interpretada como una forma de presión institucional.
“Jamás la Prefectura se había metido de esta manera en un conflicto gremial”, señalaron fuentes consultadas. También remarcan que en una huelga se mantienen guardias mínimas para emergencias reales —como la asistencia a un buque en peligro inminente—, pero no para operaciones comerciales ordinarias.
Por el momento, la Secretaría de Trabajo no intervino formalmente, ni tampoco la autoridad política del área de Marina Mercante.
El conflicto tiene como telón de fondo los cambios impulsados por el Gobierno en materia de desregulación laboral del sector. Según los gremios, a través de reformas normativas se excluyó a los marinos mercantes del régimen laboral general, remitiéndolos a la antigua Ley de Navegación de 1960 y a la figura del “contrato de ajuste”. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger los quiere poner a competir con los extranjeros, en igualdad de condiciones, por lo que temen un escenario de extinción.
Ese esquema, explican, remite a modalidades de contratación por viaje, sin relación de dependencia permanente, sin acumulación de antigüedad ni estabilidad laboral. En la práctica, sostienen, equipara las condiciones de los trabajadores locales con las de tripulantes extranjeros y habilita un modelo de contratación globalizado.
Para los sindicatos, el objetivo final es desregular la navegación nacional y abrir el mercado sin las protecciones históricas del sector. Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que las reformas apuntan a modernizar la actividad y hacerla más competitiva.
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