La Casa Rosada volvió a modificar la reforma laboral para tener los votos de sus aliados y sancionar este mismo jueves el proyecto. Hay presión por más cambios.
Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lych, autoridades del bloque de diputados de La Libertad Avanza.
A diez días del cierre de las sesiones extraordinarias, el Gobierno avanza con una apretada agenda de tratamientos en la Cámara de Diputados con el objetivo de sancionar la reforma laboral. Para lograr el dictamen de mayoría, el oficialismo confirmó que retirará el artículo que sanciona las licencias por enfermedad con el pago parcial de sueldos. De ratificarse esa medida en sesión, la ley tendrá que seguir su tratamiento en el Senado.
En un plenario que contó con la presencia de empresarios y dirigentes sindicales, la conducción libertaria recuperó los apoyos de sus aliados y tratará la reforma laboral en Diputados este mismo jueves 19 de febrero, desde las 14 horas. El dictamen oficialista tuvo 44 firmas y fue acompañado por la UCR, el PRO-MID (con disidencia, porque piden habilitar el cobro de salarios en billeteras digitales) y las gobernaciones de Tucumán, San Juan, Misiones, Mendoza y Neuquén.
Desde la medianoche del miércoles, la CGT anunció un paro nacional de 24 horas en rechazo el proyecto. Unión por la Patria (presentó proyecto propio, que alcanzó 29 firmas) y el Frente de Izquierda votarán en contra. Existen bancadas que consensuan parcialmente con la propuesta oficialista y, entre otros puntos, disienten en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la eliminación de estatutos y los artículos pertinentes al financiamiento del cine y al régimen de trabajo en cárceles. "El proyecto se abrió para cambios y ya nadie corre el costo político de hacer caer la ley por pedir una modificación", explicaron a este medio desde Provincias Unidas, uno de los espacios que puede destrabar la votación y que no daría quorum en la sesión.
El sindicalista y diputado Sergio Palazzo con el titular del bloque libertario Gabriel Bornoroni.
Aún así, el Gobierno tiene avanzada las discusiones para alcanzar el quorum este jueves (aunque con número ajustado que en caso de ausencias sorpresivas puede ser puesto en tensión, más aún considerando los traslados en medio de un contexto de paro) y obtener media sanción del proyecto en la Cámara baja. Al tener modificaciones, la ley tiene que volver a girar al Senado, que en simultáneo pretende avanzar con los dictámenes del Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
El artículo removido sostiene que "en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración. [...] Si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera".
Miembros del triunvirato de la CGT y representantes de otros gremios participaron del debate para presentar su oposición a la propuesta. Entre ellos, Jorge Sola (Seguros y CGT) criticó la derogación de la Ley N° 27.555 para el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, mientras que Cristian Jerónimo (SOIVA y CGT) anticipó que si el proyecto es aprobado continuarán su rechazo en una instancia judicial. El otro secretario general de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros) apuntó directamente contra los aliados al oficialismo: "Aquel que dé quorum está traicionando al pueblo".
En contrapartida, Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, apoyó la ley al considerar que "este proyecto garantiza la soberanía del tiempo por parte del repartido. Creemos que interpreta bien sus preferencias y sus necesidades". Matías Cremonte, representante de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, interpretó que la redacción "va en contramano de cualquier regulación que estén pensando en el mundo". La reforma laboral, entre otras reglamentaciones, obliga a contratar un seguro médico para los trabajadores de plataformas pero no determina quién se debe encargar de costear ese servicio y establece que esa contratación no implica una relación de dependencia.
Andrés Basso, de la Asociación Magistrados, a su turno, pidió la remoción del artículo 91 que aprueba la transferencia de la función judicial en material laboral a la Justicia porteña: "La inamovilidad es un presupuesto básico de la independencia judicial".
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