Los detalles de una dura carta de los jueces laborales de primera instancia al Presidente de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Magistrados de primera instancia alertaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que el eventual traspaso de competencias a la Ciudad podría generar una sobrecarga de expedientes, demoras procesales y consecuencias directas para trabajadores y empleadores.
Un grupo de jueces de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo presentó este martes una petición formal ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la que expresaron su “preocupación” por el eventual traspaso de competencias a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y reclamaron ser incluidos en las deliberaciones sobre el futuro del fuero.
La nota, dirigida al presidente del tribunal, Leonardo Ambesi, y al pleno de la Cámara, plantea dudas técnicas, institucionales y presupuestarias frente al nuevo escenario abierto tras el fallo “Levinas” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la media sanción de la Ley de Modernización Laboral, que contempla la transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad.
“Como jueces de primera instancia no hemos participado de diálogos previos, formales o informales, relativos a éste ni a otros proyectos”, advirtieron los magistrados, y señalaron que el panorama actual es “totalmente nuevo, y por ende incierto”.
Uno de los ejes centrales del planteo es el volumen de causas que actualmente tramita el fuero laboral nacional y la advertencia sobre el impacto que tendría una transferencia inmediata.
Según detallaron, la Justicia Nacional del Trabajo recibe “aproximadamente 60.000 nuevas causas por año”, lo que equivale a unas 5.700 por mes. Si se implementaran los diez juzgados laborales previstos en la órbita porteña, cada uno debería absorber cerca de 600 expedientes mensuales, es decir, “treinta por día”.
“Difícil habrá de ser la anhelada celeridad expuesta en la presentación de la ley si cada juzgado debe recibir casi 600 expedientes nuevos por mes”, alertaron.
A ese número se sumarían las ejecuciones de sentencias ya dictadas en el fuero nacional. Solo en octubre y noviembre de 2025 se dictaron más de 13.000 resoluciones entre definitivas e interlocutorias. De ese modo, estimaron que “al cabo de dos meses” cada juzgado local podría acumular “1.300 expedientes”, alcanzando rápidamente un stock cercano a los 2.500 casos en trámite.
“El número al que podría llegarse en un año de funcionamiento es ciertamente preocupante”, sostuvieron.
Los magistrados también advirtieron que el eventual traspaso implicaría la aplicación de nuevas leyes procesales, en juzgados nuevos, con equipos y sistemas informáticos distintos.
La actual ley 18.345 —vigente desde hace casi 60 años— es, según describieron, “un verdadero mecanismo de relojería” cuya interpretación se consolidó con el tiempo. La introducción de nuevas normas, sostienen, requerirá un período de adaptación que podría traducirse en “cantidad de incidencias procesales” y afectar la “celeridad y la previsibilidad de las decisiones”.
Además, remarcaron la necesidad de normas de transición “tan claras y unívocas como resulte posible”, para evitar conflictos de competencia y demoras que terminen perjudicando a los litigantes.
“Los únicos perjudicados son los litigantes, es decir, un trabajador que espera el reconocimiento del que entiende que es su derecho (…) y un empleador que necesita conocer (…) la eventual medida de su obligación”, afirmaron.
Otro punto sensible es el futuro de empleados y funcionarios del fuero laboral nacional. Sin arrogarse su representación, los jueces destacaron que se trata de trabajadores formados por concursos y exámenes, con trayectoria en la carrera judicial.
“Son empleados y funcionarios que han accedido a sus lugares de trabajo por exámenes y concursos, que han apostado su vida profesional al crecimiento en la carrera judicial”, señalaron.
En ese marco, propusieron que se contemplen mecanismos acordados entre la Justicia Nacional y la de la Ciudad para facilitar la continuidad laboral de quienes deseen trasladarse, y advirtieron que la eventual disminución progresiva de causas podría derivar en una reducción de la planta de personal.
Los magistrados reivindicaron la trayectoria histórica de la Justicia Nacional del Trabajo, recordando a juristas como Antolín Abad, Amadeo Allocati, Ricardo Guibourg y Juan Carlos Fernández Madrid, entre otros.
Destacaron que fue “el primer organismo del que hay registro que instauró en 1959 un examen de ingreso” y que fue pionero en la informatización de la gestión judicial hace cuatro décadas.
“El derecho del trabajo es acaso la herramienta legal más poderosa para la paz social”, subrayaron, al señalar que los tribunales laborales son el ámbito donde se repara “el tejido social roto”.
Finalmente, los jueces pidieron que sus “inquietudes y propuestas” sean consideradas en las gestiones que la Cámara encare ante otros poderes del Estado y que se trasladen institucionalmente a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura.
“Si no se tratara de una situación tan extraordinaria, no recurriríamos de modo formal a la Cámara con peticiones de estas características”, expresaron.
Y concluyeron con un ofrecimiento de colaboración: buscan que la transición —si se concreta— se apoye en “normas claras y fácticamente realizables”, que proteja los puestos de trabajo y las carreras judiciales, y que no afecte la celeridad ni la previsibilidad del servicio de justicia laboral.
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