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El fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Py, José Agüero Iturbe, pedirá que se reabra la causa penal contra el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, los actuales ministros nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger y otros ex funcionarios por el acuerdo de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.100 millones de dólares.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que Agüero Iturbe hizo una presentación la semana pasada ante el tribunal en la que adelantó que mantendrá la apelación del fiscal federal Franco Picardi para que el expediente siga bajo investigación. Es un paso indispensable para que la Cámara Federal pueda intervenir.
Ahora Agüero Iturbe tiene plazo hasta el tres de marzo para presentar los fundamentos de su postura. Lo mismo pueden hacer las defensas de los acusados para pedir que se ratifique el archivo de la causa. Luego quedarán en condiciones de resolver los jueces de la Sala I de la Cámara, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La decisión será clave porque para el fiscal Picardi la causa está en condiciones para que Macri, Caputo y Sturzenegger y el resto de los acusados sean citados a indagatoria.
La causa se inició en 2019 y se investiga si se cometieron irregularidades en como el gobierno de Macri un año antes obtuvo del FMI un préstamos de 57.100 millones de dólares y cuál fue el destino de los fondos. Fueron denunciados Macri, Caputo y Sturzenegger, actuales ministros de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, respectivamente, del gobierno de Javier Milei. Ambos fueron presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando se firmó el acuerdo. Sturzenegger de 2015 a 2018 y Caputo en un tramo del 2018. Previamente, Caputo había sido ministro de Finanzas.
También fueron investigados el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, el ex presidente del BCRA Guido Sandleris y ex funcionarios de esa entidad y del Ministerio de Finanzas.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó a principio de mes la causa porque entendió que el acuerdo con el FMI fue una decisión política que no se puede judicializar. "No se advierte, a esta altura de la encuesta, la acreditación de extremos que permitan afirmar, con la entidad suficiente, la existencia de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público", resolvió.
La decisión fue apelada por el fiscal Picardi. No solo entendió que la causa debe seguir bajo investigación, sino que consideró que hay elementos para citar a indagatoria a los acusados. "Existe una posible plataforma criminal que ha podido ser acreditada a lo largo de la investigación, tal como se ha mencionado, que amerita, incluso, continuar con la pesquisa y avanzar hacia nuevas instancias procesales, como los llamados a indagatorias de las personas mencionadas”, señaló.
Para Picardi está acreditado que se cometió el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos porque se incumplieron una serie de normas vinculadas al trámite de los acuerdos con el FMI, entre ellas la Constitución Nacional.
También explicó en su apelación que se debe profundizar la investigación respecto a una posible administración fraudulenta ante la fuga de parte de los dólares del acuerdo hacia sectores privados. La Fiscalía señaló que hay "relaciones viciadas que se desarrollaron entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el BCRA" y que hubo disposiciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central que autorizaron transferencia de capitales que no eran el propósito del acuerdo.
La apelación ya se tramita en la Cámara Federal. El primer paso lo dio el fiscal Agüero Iturbe que la mantendrá para que el archivo de la causa sea revisado.
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