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Los cambios que la Casa Rosada negoció con los gobernadores para asegurarse la media sanción de la reforma laboral en el Senado tuvieron una consecuencia directa sobre el costo fiscal del proyecto: se redujo a la mitad por la eliminación del artículo que bajaba el impuesto a las Ganancias para empresas, algo que impactaba en las provincias, y además el aporte que Anses realiza al fondo para despidos es más bajo.
Son las dos principales modificaciones que el Gobierno nacional acordó con los mandatarios provinciales a cambio de contar con los votos en la cámara alta. Los gobernadores empujaron, desde el inicio del debate sobre la reforma laboral, que la reducción en Ganancias corporativas se compense de otra manera.
El impacto en las arcas hubiese sido alto porque una menor recaudación de Ganancias habría redundado en un reparto de coparticipación menor. El oficialismo terminó por eliminar directamente el artículo 190°, que reducía de 35% a 31,5% la alícuota máxima a las empresas.
De acuerdo a un cálculo hecho por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), solo ese artículo de la reforma laboral implicaba 0,22% del PBI de costo fiscal. En este caso no era solo hacia las cuentas nacionales sino también hacia las provincias. Ese número pasó a ser cero tras la media sanción del Senado.
El otro cambio relevante de la versión negociada de la ley fue la "segmentación" del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata del mecanismo de "financiación" de despidos o juicios laborales que será obligatorio para las empresas, a través de un fondo específico que deberá ser invertido en el mercado de capitales.
El costo fiscal de esta medida estaba dado en que el aporte al FAL debía ser realizado, por las empresas, en reemplazo de una porción de los aportes patronales al sistema de seguridad social. Es decir, en lugar de direccionar esa masa de dinero a Anses, cada compañía deberá conformar una cuenta en una sociedad de bolsa habilitada e invertirlo en distintos instrumentos financieros.
En la práctica, entonces, eran fondos que Anses dejará de recibir, lo que implica un costo fiscal. En el dictamen de comisión en el Senado, el proyecto indicaba que el aporte al FAL debía ser el 3% de los aportes previsionales. Pero durante la sesión el oficialismo introdujo dos cambios: le puso fecha concreta al inicio del esquema y también "segmentó" los porcentajes de aporte.
Para las grandes empresas lo estipuló en 1%, mientras que para las pymes lo dejó en 2,5%. De esa forma, el costo para el fisco terminaría siendo menor. Según estimaciones de la consultora Invecq, pasó de implicar un 0,5% del PBI a 0,2%, menos de la mitad.
Según Iaraf, el costo original era de 0,57% del Producto Bruto y tras los cambios, pasaría a ser de 0,37%. El Gobierno nacional se reservó la potestad de acuerdo al artículo que establece el FAL de que las alícuotas de 1% y 2,5% puedan elevarse a 1,5% y 3%, respectivamente. En ese caso, siguió Iaraf, el costo para las cuentas públicas nacionales sería de 0,46% del PBI.
Son números muy relevantes al tomar en consideración lo "fino" que podría ser el margen de ajuste fiscal que tenga que realizar el Palacio de Hacienda este año para sostener el superávit. El 2025 terminó con un excedente fiscal de 1,4% del PBI, por encima de la meta pautada con el FMI pero por debajo de lo que se había propuesto como objetivo propio el equipo económico, que era 1,6%. En 2026 debería poder conseguir otro 1,5% del PBI.
El año comenzó con una caída marcada en la recaudación impositiva. Con menores ingresos, el Gobierno podría necesitar aplicar ajustes adicionales al gasto. Tal como explicó Clarín, en el primer mes del año Hacienda ya hizo una primera ronda de recortes. En enero habría sido de 4,2%, lo que se entiende por una caída en la obra pública y giros de fondos a los gobernadores.
"Considerando la negativa del Gobierno a subir impuestos y con una actividad que le cuesta despegar, esta brecha generada por menores ingresos y más gasto demandará una nueva ola de ajustes en 2026", consideró LCG en un informe.
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