Así lo dispuso el triunvirato que conduce la central obrera, en una reunión virtual este lunes. Fuerte presión de sindicatos combativos por medidas más duras contra el Gobierno.
La CGT resolvió este lunes que irá al paro general contra la reforma laboral de Javier Milei. La medida de fuerza será por 24 horas, y si bien la fecha aún no está confirmada, según pudo saber este medio la convocatoria sería el mismo día de la discusión del proyecto del Gobierno en la Cámara de Diputados y sin movilización. La central obrera realizará una conferencia de prensa para el miércoles a las 11 donde se hará el anuncio oficial y se brindarán más detalles.
Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron llevar a cabo un encuentro de manera virtual que comenzó a las 11. En tanto, el gremio de Aceiteros adelantó que realizará un paro este jueves, lo que suma presión al triunviro de la central obrera.
Cristian Jerónimo, en diálogo con Radio 10, señaló ayer que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La puja interna en la CGT se da porque muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.
Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.
La reacción sindical se recalienta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) —que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA—, reclaman medidas aún más drásticas y ya habían anunciado un paro con movilización masiva al Congreso cuando se trate la reforma laboral.
La reforma laboral promovida por el presidente Milei —que busca modernizar el mercado de trabajo flexibilizando ciertas normas y agilizando procesos para empleadores— ha generado rechazo sindical, que la considera regresiva y lesiva para los derechos adquiridos de los trabajadores. La CGT sostiene que la iniciativa “no tendrá impacto real en la creación de empleo” y que beneficiará a sectores concentrados en detrimento de los trabajadores.
Este rechazo se suma a las protestas y movilizaciones sindicales que ya se han visto en los últimos días, como marchas hacia el Congreso y reclamos en la calle, junto con posiciones de otras organizaciones como las CTA y gremios estatales que anticipan paros sectoriales.
La decisión de la CGT ocurre justo cuando el oficialismo busca acelerar la discusión del proyecto en Diputados antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. La medida de fuerza —si finalmente se oficializa— sería la respuesta más contundente hasta ahora de la central obrera frente a una reforma que ya generó tensiones parlamentarias y protestas en las calles.
La definición de hoy marcará un hito en la estrategia sindical contra el gobierno de Milei, ya que un paro general de 24 horas puede presionar a los legisladores y visibilizar el descontento de los trabajadores frente a una reforma que será decisiva para las políticas laborales del país.
Tras el fuerte revuelo generado por el artículo de la reforma laboral que recorta el sueldo durante las licencias por enfermedad, el Gobierno dio marcha atrás y anticipó que impulsará modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando el 100% de sus haberes.
La confirmación llegó de la mano de la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, quien explicó que la excepción aplicará exclusivamente para “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre y cuando exista una “corroboración concreta y fehaciente” del cuadro médico.
En ese marco, Bullrich adelantó que ya están “trabajando” para introducir este cambio durante el debate en la Cámara baja, con el objetivo de evitar que el proyecto vuelva al Senado, lo que demoraría la promulgación que impulsa la Casa Rosada. La intención es descomprimir la tensión política y social generada por la medida, sin resignar el núcleo central de la reforma laboral.
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