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En el último año, Argentina cayó cinco puestos en el Indice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional: pasó del lugar 99 al 104, junto a Belice y Ucrania, e inmediatamente por debajo de Gambia, Lesotho, Zambia y República Dominicana. Superó apenas a Brasil, Sri Lanka y Argelia. Y sobre un total de 100 puntos, lo que indicaría una ausencia total de corrupción, obtuvo sólo 36. Es la peor posición argentina en este ranking en los últimos diez años.
La información que se compila para este Indice en el sector público incluye, entre otros, sobornos, desvío de fondos, la falta de consecuencias para funcionarios que usan su cargo en provecho propio, la capacidad de los gobiernos para contener la corrupción, leyes que aseguren que quienes ocupen cargos den cuenta de sus finanzas así como de potenciales conflictos de interés, nepotismo en el Estado, protección legal para quienes informen de casos de sobornos y corrupción.
El sábado se cumplió un año del escándalo $LIBRA, la criptomoneda promovida por el presidente Javier Milei desde su cuenta en X. Al día de hoy, son más las dudas que las certezas. Una posibilidad de despejarlas hubiera sido la comparecencia en el Congreso de los involucrados, como solicitó la Comisión Investigadora creada a ese efecto. Pero ninguno de los alrededor de veinte testigos citados por los diputados se presentó, entre ellos Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Una vez más, las mejores prácticas de la casta que se venía a desterrar.
También el año pasado surgió la acusación de presuntos vínculos con el narcotráfico sobre José Luis Espert, -diputado y cabeza hasta entonces de la boleta libertaria en Provincia, que debió bajarse de la lista-, cuya casa y oficina fueron allanadas por la Justicia.
No hay que olvidar tampoco las denuncias de corrupción en ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, por las que acaba de ser procesado por asociación ilícita, administración fraudulenta y cohecho pasivo por coimas y corrupción en la compra de medicamentos quien era su titular, Diego Spagnuolo, uno de los más frecuentes visitantes a la Quinta de Olivos, y abogado en varias causas del Presidente.
En algunos de los presuntos audios de Spagnuolo sobre coimas y sobornos, se mencionaba a Karina Milei y a su mano derecha, Lule Menem.
Desde mediados del año pasado, la corrupción se instaló, en diferentes encuestas, como uno de los problemas que más preocupan a los argentinos. Un sondeo reciente reveló que para el 61% ,“la mayoría de los funcionarios del Gobierno nacional son corruptos”.
Llamativamente, ante todo esto, la corrupción no es un tema que figure en el discurso público. Para Martín D'Alessandro y Pablo Secchi, Presidente y Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International, los mencionados episodios, “pero, sobre todo, la reacción oficial ante esos escándalos contribuyeron a consolidar un clima de opacidad que erosiona la confianza institucional en el país”.
Más allá de esto, y del impacto económico y social de la corrupción, -que llega hasta la muerte de ciudadanos, como en el caso de la tragedia de Once,- pasando por la falta de confianza en las instituciones y en la propia democracia, así como en la seguridad y en la calidad de vida a todo nivel, el Banco Mundial calcula que las empresas y los particulares pagan más de 1 billón de dólares anuales en sobornos.
Según el FMI y el Foro Económico Mundial los gobiernos menos corruptos recaudan 4% más de PBI en ingresos fiscales que los países con el mismo nivel de desarrollo económico pero con niveles más altos de corrupción.
“La corrupción es un enemigo poderoso que se alimenta del silencio y la impunidad”, decía el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Quien quiera oír, que oiga.
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